Imprescindibles pero precarias: cuidadoras latinoamericanas en tiempos de pandemia

Reparto de mascarillas y gel. Foto: Asociación Mujeres Migrantes Diversas

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El 23 de marzo España se despertó con la noticia de ancianos conviviendo con cadáveres sin retirar en centros de adultos mayores. El foco mediático estaba en ese sector de la población, uno de los más vulnerables frente al coronavirus. Mientras las residencias de la tercera edad se convertían en historias dolorosas con miles de muertos, muchas familias se sintieron aliviadas de tener a sus abuelos en casa, acompañados de una cuidadora. Una gran mayoría de estas trabajadoras del hogar son latinoamericanas y en plena pandemia han estado en primera línea de batalla. Imprescindibles en una sociedad envejecida y que pide constantemente mano de obra en el sector, pero al mismo tiempo invisibles. Una de cada tres trabaja en negro y sin derecho a ningún apoyo.

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Miriam

Para hablar con Miriam, que prefiere dar un nombre ficticio, hay que esperar a que la señora que cuida, de 95 años, empiece la siesta. Duerme dos horas y durante ese tiempo aprovecha para recoger la mesa, tender la ropa y limpiar lo que no ha podido. Si le quedan algunos minutos se acuesta y lee unas páginas del libro Sobrevivir en Honduras. Desde que se impuso el estado de alarma en España el 14 de marzo no puede salir del piso donde trabaja en Madrid por miedo al contagio, aunque vive junto a sus hermanas a 200 metros. “Pedí si por favor me dejaban desconectar”, explica por teléfono. El hijo de la señora le dijo que no, que lo sentía mucho. Durante dos meses, Miriam ha tenido que quedarse de forma permanente en su lugar de trabajo. 24/7. Ni los fines de semana libraba ya. 

No fue la única. Según los colectivos que reúnen a las empleadas del hogar, cientos de inmigrantes pasaron el confinamiento con ancianos, algunas veces enfermos de covid-19 y sin material de protección. La pandemia consiguió visibilizar su labor, esencial en un país de 47 millones de habitantes, donde el 19% tiene más de 65 años. Pero también recordó que el trabajo de los cuidados es uno de los sectores laborales más precarizados y puso en evidencia las carencias del sistema.   

La señora a la que cuida Miriam desde hace más de un año tiene alzheimer. La casa es pequeña y desde que empezó la pandemia se pone muy nerviosa. “Por su edad, es de alto riesgo”, reconoce. Aunque tiene buena movilidad, Miriam le ayuda a bañarse, la peina y le pone su crema. Luego, le prende la televisión para que vea la misa y mientras limpia las habitaciones y la terraza. Cuenta que evitan mirar los informativos para que no les entre el miedo. Pero está difícil: no solo es la pandemia sino el fantasma de una crisis económica que asoma de nuevo. “Trato de buscar la mejor manera para que no tenga tiempo de pensar”, explica. El trabajo es físico, pero también muy duro psicológicamente. 

Para distraerse del mundo, han hecho una serie de dibujos. En una hoja, Miriam delinea los contornos de algunas verduras y ella los pinta. También se toman fotos, rezan juntas y salen a aplaudir a los trabajadores sanitarios cada día a las ocho de la noche. A lo largo de la conversación, repite varias veces que está mejor que otras compañeras que se quedaron sin trabajo y sin casa. “Yo pienso que todos los trabajos son importantes, aunque las condiciones de algunos son mejores. Como migrante extranjera, me toca desenvolver esa labor de cuidados”, reflexiona en voz baja. Gana 750 euros al mes, cuando el salario mínimo es de 900 euros. Una parte la manda a su hija de siete años en Honduras. No tiene contrato y espera que sus empleadores le ayuden a arreglar los papeles una vez que reabran los servicios de extranjería.  

La crisis sanitaria no impacta a todos con la misma dureza. Un estudio del centro de información para trabajadores extranjeros del sindicato Comisiones Obreras de Cataluña  señala que seis de cada diez trabajadoras del hogar han tenido que gestionar las consecuencias de la pandemia ya en riesgo de exclusión social. Los datos hablan solos. Según las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al último trimestre de 2019, en España hay 580.600 empleadas del hogar. Sin embargo, en diciembre del mismo año, solo 396.626 estaban afiliadas a la Seguridad Social. En otras palabras: más del 31% trabaja en situación irregular, lo que les impide tener acceso a cualquier ayuda.

Para el resto, las ayudas han llegado, pero tarde. Aunque el colectivo de las trabajadoras domésticas no tiene derecho a paro (la prestación económica por desempleo), el Gobierno aprobó un subsidio extraordinario para las que se quedaron sin trabajo con motivo de la crisis sanitaria. Carolina Elías, presidenta de Servicio Doméstico Activo recuerda, sin embargo, que pese a ser consideradas como esenciales durante la pandemia, el Gobierno no las consideró en el primer paquete de ayudas. “Nos quedamos sorprendidas porque quedamos fuera de estas medidas. Con todas las asociaciones de empleadas del hogar a nivel nacional, empezamos una campaña de denuncia en redes sociales y en los medios. Exigimos que, como trabajadoras esenciales, nos incluyeran”, explica durante una videoconferencia organizada por la ONG Málaga Acoge

El trabajo del hogar sigue representando un nicho de inserción laboral para las mujeres inmigrantes por ser un sector que pide continuamente mujeres trabajadoras para responder a una sociedad con una crisis en los cuidados. Las asociaciones calculan que el 98% son mujeres y el 60% extranjeras. Un colectivo vulnerable cuidando a otro. 

En junio, Miriam cumplió tres años en Madrid. Aún recuerda la primera vez que salió a pasear en sus calles. Acababa de llegar de Honduras con una amiga y las fueron a recibir al aeropuerto. Tenía 27 años. “No me encontraba bien, estaba muy nerviosa”, cuenta. En el cuarto alquilado colgaba un cuadro de una mujer con la espalda destapada. Los armarios tenían maletas y la otra chica que vivía ahí no estaba. En ese momento, se les cruzó por la cabeza que podían haber caído en una red de prostitución, aunque habían venido para limpiar casas y cuidar de personas mayores. “Le decía a mi amiga que se callara, que igual nos estaban grabando”, explica Miriam. “Ahora, cuando lo recordamos, nos morimos de la risa”, dice. 

En Yoro, 200 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital hondureña, vive la hija de Miriam, de apenas siete años. Sus cuidadores son sus abuelos. No hablan por videollamada ni por WhatsApp porque no hay mucha cobertura. Tampoco hablan todos los días porque, como explica Miriam, llamar a Honduras es caro. Estos dos meses, no ha podido mandarles dinero porque cerraron las oficinas de envío. “Siempre estoy preocupada, pero más ahora”, insiste. 

Estos días, la economía de Miriam ha ido a lo esencial: pagar el piso de sus tres hermanas que se quedaron sin trabajo y comprar “solo lo justo” de comer. Sabe que la crisis que viene también le afectará a ella. Por eso, juntas, se ponen a revisar los anuncios para empleadas del hogar a través de una aplicación. Ahora, en algunas ofertas piden pruebas médicas que demuestren haber tenido la covid-19 y así, haber producido anticuerpos. “Cuando se pueda, me gustaría traer a mi hija”. Pero por ahora, toca “buscar alternativas”.

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Antonia

Ya en El Salvador, Antonia, de 50 años, era toda una luchadora. Cada día, a las tres de la mañana, sonaba su despertador. Media hora después subía en el primer autobús para ir a la capital, San Salvador y abrir su comercio. Vendía pupusas, tamales y otros platillos típicos del país. Le iba bien hasta que un día le pidieron “renta”. 

– No, no, si yo no vendo mucho…

– ¿Cómo no va a vender mucho si tiene tres hijas en la Universidad? 

No quiso pagar la cuota a los grupos delincuentes y decidió emigrar, como muchos en San Isidro Cabañas, su pueblo. Más del 60% de la población de esta localidad emigró a Estados Unidos y cerca del 90% de sus habitantes recibe dinero de sus familiares, según recoge la Agence France-Presse basándose en un economista que atiende un local que entrega  remesas en la localidad. 

 “A Estados Unidos no me fui porque… de mojada… yo le tengo miedo a las culebras”, cuenta Antonia, con un tono irónico. Llegó a España en 2016 y al bajar del avión miró hacia atrás sabiendo que no volvería a ver a sus hijas. Las cuatro eran inseparables y ahora, aunque sea desde lejos, siguen siendo su motivo de lucha diaria. “Yo les digo que van a ser parte del desarrollo en mi país”, explica. “Porque tampoco hay que inculcarles a los hijos el deseo de migrar, ¿me entiendes?”.  Lo tiene claro: si ella emigró, fue para que no lo hicieran sus hijas. 

Para ello, Antonia lleva tres años cuidando los martes y los viernes de Juan, un señor de 84 años. También limpia casas y durante un tiempo, acompañó a personas mayores en cuidados paliativos. “Trato de hacer mi trabajo con todo el amor del mundo”, subraya. A través de una videollamada de WhatsApp cuenta que además de la parte económica, la emocional es una de las más duras. “Aunque no lo tomen enserio somos primordiales porque cuidamos a los papás y a los abuelos. Nosotras les damos el cariño y el tiempo. Servimos de psicólogas, de enfermeras, de doctoras y de niñeras. Les cuidamos con todo el amor del mundo y hasta cambiamos sus pañales. Y esto, aparte de desgastarte físicamente, te afecta emocionalmente”, explica. 

El pasado noviembre, falleció una de las señoras que cuidaba. La recuerda mucho porque no quería comer, pero ella le decía que si comía iban a ir juntas de parranda a una discoteca. “¡Logré que comiera y se riera!”, cuenta. “Pero no es porque uno agarre la vida como un juego, sino que para eso estamos, somos el apoyo y les damos un sentido a estas personas que están esperando para dar su último respiro”. 

La pandemia, o “el bicho” como lo llama ella, le ha hecho recordar la situación precaria en la que se encuentran las trabajadoras del hogar. “Me sentí muy impotente y desanimada”, describe a través de la pantalla. En el fondo, un reloj y un calendario cuelgan de una pared amarilla. Hace una pausa y prosigue: “No tiene idea de cómo nos afecta ver morir a los señores, ya sea hombre o mujer, que uno cuida”. Su voz suena triste, pero al mismo tiempo, segura. 

En las primeras semanas de cuarentena, cuando el Gobierno limitó los desplazamientos a lo indispensable, se quedó en casa por miedo. Vive en Usera, un barrio popular del sur de Madrid donde más del 22% de los habitantes son extranjeros. Su cuarto no es una habitación aparte sino que es la propia sala y la comparte con otra compañera, también salvadoreña. En el departamento viven siete personas más: una pareja de hondureños con un bebé de tres meses y cuatro chicas. 

Durante más de dos meses, Antonia estuvo sin trabajo. Aunque conservó una pequeña parte de sus ingresos, decidió vender tamales y pupusas por encargo los fines de semana. También pidió ayuda a las redes de apoyo, que frente a la situación que se avecinaba, organizaron cajas de resistencia para las trabajadoras del hogar. A ella le ayudaron con 100 euros. “Es plata y tú haces que rinda más”, dice. 

Cuando regresó a la casa de Juan, el señor de 84 años, se saludaron con los codos. “Hija, esto no me gusta”, le dijo. Después de bañarlo, le puso la crema para sus rodillas y le preparó de comer. Cuando le da tiempo, también plancha sus camisas. Y siempre, siempre platica con él. “Me dice: ven y conversa conmigo porque tengo días que nadie habla conmigo”, cuenta Antonia. 

En febrero, un mes antes de que se decretara el estado de alarma, Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, se reunió con los colectivos de empleadas del hogar en Madrid. “Escuché relatos profundamente inquietantes sobre las condiciones de trabajo, mujeres que trabajaban encerradas durante años en lo que sentían como una “cárcel”, sufriendo acoso sexual, horas extraordinarias sin compensación y sin acceso a la seguridad social o las pensiones”, plasmó en su declaración. 

Alston invitó al Gobierno a ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas, una batalla con la que las asociaciones llevan años cargando. España, al contrario de otros países como Alemania, Portugal o Italia, no lo ha ratificado. 

De este modo, las cuidadoras y empleadas del hogar quieren que se les incluya en el régimen general de la Seguridad Social y que puedan tener derecho a la prevención de accidentes laborales o a sindicalizarse. “Queremos los mismos derechos que los trabajadores”, denuncia Elías, del Servicio Doméstico Activo. “Muchas veces te dicen que eres como la familia. Pero a mí no me gusta esta frase. ¡Soy trabajadora y quiero ser considerada así!”, exclama. Ser reconocida, dice Elías, es cuando te dan de alta en la seguridad social y cuando te pagan tus vacaciones.  Incluso en uno de los sectores más vulnerables hay escalas.

Antonia conoce bien estas luchas. “No tenemos amparo legal ni los beneficios que deberíamos de tener”, denuncia, recordando que por muy bien que te traten, no te pagan lo adecuado o lo hacen tarde. A ella le pasó: una vez le pagaron el mes de agosto hasta diciembre. Por eso teje redes y habla claro: la mejor forma de empoderarse es conocer sus derechos.

En El Salvador era parte de uno de los primeros grupos de mujeres a nivel nacional que capacitaron a otras para conocer sus derechos. Nada más llegar a España, contactó con una asociación de inmigrantes salvadoreños y, después, se integró en otro colectivo: Las Brujas Migrantes. Aún no tiene papeles, pero como dice ella, “eso no me ha cohibido para desarrollarme en mis luchas”. En su mente, no es irregular. “Y como me lo creo, no lo sufro”, explica.  

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Desde los márgenes

La crisis ha sacado a la luz la importancia de los cuidados y de las trabajadoras que los desempeñan; con miles de mujeres saliendo a la calle durante el estado de alarma para cuidar de personas mayores y corriendo el riesgo de que les pidan su documentación. Desde España, una larga lista de colectivos ha visto como en Portugal, el país vecino, el Gobierno decidió regularizar a miles de migrantes pendientes de autorización de residencia. La medida permite ofrecer protección sanitaria y derecho al paro en caso de despido. En mayo, Italia también lo hizo, anunciando la regularización de unos 250.000 inmigrantes que trabajaban como jornaleros en el campo o en el servicio doméstico de miles de hogares. 

Situaciones como la de Miriam o la de Antonia. 

Por eso en España, más de 1.000 organizaciones y 900 ONG se unieron para impulsar la campaña #RegularizaciónYa. El 26 de mayo, el Gobierno aprobó la concesión de una autorización de residencia y trabajo de dos años prorrogables a todos los jóvenes migrantes de entre 18 y 21 años que se incorporen de manera extraordinaria a las labores agrícolas para paliar la falta de mano de obra. Sin embargo, a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera “no vamos a dejar a nadie atrás”, miles de personas siguen en situación de abandono. “El Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotras no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual”, han denunciado las asociaciones en una carta al Gobierno. 

Reparto de cestas de comida de la Asociación Mujeres Migrantes Diversas.
Reparto de cestas de comida de la Asociación Mujeres Migrantes Diversas.

Uno de los colectivos que la firmó es la Asociación Mujeres Migrantes Diversas, de Barcelona. Desde que empezó la crisis sanitaria, han distribuido geles, mascarillas, guantes y cestas de comida a los más vulnerables que se quedaron sin ingresos por la Covid-19. Además, organizaron por primera vez una caja de resistencia de 21.000 euros gracias al apoyo de más de 400 donantes.  “Con esta crisis, vimos que se agudizó más la situación de vulneración de las empleadas del hogar”, explica Paula Santos, de 37 años y que propuso crear este fondo de ayuda a través de Gofundme

De momento, han podido ayudar a 50 familias. “Cuando ayudamos a una compañera apoyamos a toda una familia”, recalca Santos, que trabajó durante cinco años en régimen de interna y conoce de primera mano cuando no se cumplen los contratos. Desde la red que han creado, saben que la ayuda va a cubrir necesidades básicas como el pago del alquiler, pero también dará apoyo a familiares en los países de origen. La organización se hace a través de WhatsApp, con 400 mujeres que son parte de esta red creada para “no dejarnos caer sino impulsarnos entre nosotras”. 

Uno de los objetivos de esta asociación sin ánimo de lucro, explica Santos, es dar valor a la solidaridad para que nadie se quede atrás. Apoyan tanto a las que tratan de salir del sector de los cuidados porque “la ley de extranjería nos somete a ese tipo de trabajos” como a las que quieren seguir en él, pero con condiciones más dignas. En tiempos de pandemia y ante la escasez de estructuras oficiales de apoyo, “hay que echarle a la imaginación” para poder cuidar a las que cuidan.

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