El “no” de Chile al Acuerdo de Escazú

Ganado en el río Ligua, provincia de Petorca. Foto: Mauricio Morán Escudero

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En Chile, los activistas de las zonas de Petorca, Quintero, Ventanas y Puchuncaví viven en riesgo a diario porque el entorno natural ya dijo basta. Desde 2002, América Latina ocupa los puestos más altos en asesinatos a defensores medioambientales. El acuerdo internacional de Escazú es un tratado que busca dar protección a los defensores de derechos humanos que se ven amenazados y garantizar acceso a la justicia y a la información en temas ambientales. El gobierno chileno decidió que no, que no acuerda. Esta es la historia de ese rechazo, uno que perfile los debates medioambientales.

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Los debates medioambientales son ideas. 

Es Santiago de Chile. El 19 de abril de 2012. Faltan dos meses para la cumbre Río+20, en Brasil, donde nacería la idea del Acuerdo de Escazú. A alguien le pareció una buena idea otro acuerdo, como el de Kioto, el de París o el de Aarhus. 

Ese día a las nueve de la noche, Rodrigo Mundaca, un hombre de cara ancha, ojos pequeños y piel tostada por el sol, dio su primera entrevista en televisión. Lo presentan como secretario del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) de Chile. “La Entrevista” de Tomás Mosciatti, es uno de los programas más conocidos en el país, lo conduce el comentarista y dueño de Radio Bío Bío y es un espacio mainstream. El medio ambiente en horario prime time. Todo un logro.

Rodrigo, con su estatura típica chilena que parece no pasar del metro setenta, está sentado en una silla alta que impide que sus pies toquen el suelo, maquillado y con los brazos apoyados sobre una mesa circular. Está tranquilo pero se muestra enojado. Tiene que estarlo.

Edmundo Pérez Yoma, Eduardo Cerda, Aurelio Montes e Ignacio Álamos. 

Rodrigo enumera los nombres de los empresarios y políticos que estaban involucrados en el aprovechamiento de aguas en Petorca, provincia de la región de Valparaíso que todos los años desde 2010 ha sido declarada como zona de escasez hídrica.

8 años después de esa entrevista el acuerdo está para firmarse. El gobierno chileno debe decidir qué hacer. Rodrigo está sentado en su escritorio con sus apuntes de un lado y un vaso con agua del otro, comienza hablando con las mismas palabras que ha usado en otras entrevistas, ha contado la historia muchas veces. Dice que desaparecieron las aguas superficiales del río Ligua, en Petorca. En su cabeza lleva una boina como la del Che y detrás de él hay un cartel con el logo de MODATIMA. Rodrigo cuenta que en 2004 el río se declaró “en restricción” y que a medida que aumentaba la ocupación de los cerros para plantar paltos, la gente se iba quedando sin agua. Está queriendo decir que no pueden convivir los paltos y la gente, porque la producción de paltos es amburrienta de agua.

En Quintero y Puchuncaví ocurrió de forma distinta, hace más de cincuenta años llegaron industrias a instalarse a orillas de la playa, afectando la calidad de vida de los habitantes de ese sector de la región de Valparaíso, en la zona central de Chile. Actualmente hay un cordón industrial de diecinueve empresas contaminantes que amenazan la salud de más de 30 mil personas. El arsénico, el plomo y otros metales pesados y gases contaminantes han provocado que la población se enferme de cáncer, padezca dolencias respiratorias e incluso se registran daños patológicos durante los embarazos. O se vive o se produce.

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Los debates medioambientales hablan del futuro aunque citen el pasado

El informe más reciente de Global Witness se llama Defender el mañana e indica que durante 2019 fueron asesinadas 212 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en todo el planeta. Más de dos tercios de estos asesinatos ocurrieron en América Latina, la región más afectada desde que la organización comenzó a publicar este tipo de datos en 2012.

Se hacen cosas frente a eso. “La primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones” dice, por ejemplo, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 

Los acuerdos son potenciales también. Experimentales. Ilusiones. Lo que permitiría el acuerdo de Escazú para los países firmantes, es un acceso a la información en lugares donde agrupaciones como Mujeres en Zona de Sacrificio de Quintero y Puchuncaví, han tenido que levantar estudios porque no existen registros ni inspección por parte del gobierno durante la noche, que es cuando las empresas contaminan sin fiscalización. El foco del acuerdo está en asegurar un buen cumplimiento de los derechos de acceso a la justicia e información en temas medioambientales.

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Los debates medioambientales son cosas de activistas.

Activistas que en este caso además buscan que la nueva Constitución chilena tenga más contenidos medioambientales y coinciden en que este acuerdo no va a solucionar todos los problemas. “No existe ninguna posibilidad de que un acuerdo de esta naturaleza nos ponga protección, esto por las condiciones del modelo del país que está asociado a la explotación de recursos. Tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que un acuerdo nos va a proteger de eso”, dice Rodrigo frente a la cámara de su computador.

Katta Alonso tiene 67 años, es rubia, de contextura delgada y usa lentes ópticos, si se le busca en fotos aparece en su mayoría sujetando el lienzo de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio, del sector de Ventanas, Quintero y Puchuncaví. Es fundadora y vocera de ese movimiento. 

Con voz ronca, Katta afirma que desde el gobierno no hay voluntad y que no se toman medidas contra las empresas que contaminan la zona: “son puras soluciones parche”.

Bárbara Astudillo es de Cabildo, una de las comunas de Petorca. Lleva el pelo tomado a excepción de su chasquilla, que no alcanza a tocar sus lentes. Desde su pieza pintada de color morado, insiste en que es importante que el acuerdo no quede solamente en un tratado, sino que se transforme en las barreras contra el extractivismo. Los debates medioambientales terminan en conclusiones como esta, de Bárbara: “Es bueno que Escazú se firme pero es parte de algo más grande, una nueva constitución”. Es bueno, pero… 

Varamientos de carbón en la playa de Ventanas. Foto: Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero - Puchuncaví en Resistencia
Varamientos de carbón en la playa de Ventanas. Foto: Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví en Resistencia

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Los debates medioambientales son interferidos.

“Llevaba harto rato hablando por teléfono con otra dirigente. De repente dejo de escuchar”, cuenta Bárbara, quien en ese momento estaba sentada en su comedor, frente a la pantalla del computador, discutiendo un tema relacionado a la Mesa Nacional de Agua.

¿Qué onda, quién eres? decía la voz de su amiga Gloria.

¿Cómo que quién soy? Soy Bárbara.

Se cortó la llamada, Bárbara quedó confundida.

Sonó el teléfono de nuevo.

Aló Gloria, ¿qué pasó? ¿Se cortó?

Hay un hombre, hay un hombre en tu teléfono, cuélgalo.

No Gloria, si estoy sola.

No, hay alguien en la llamada. Cuelga, te van a ubicar.

En ese momento Bárbara se quedó en blanco, se paró de la silla, apagó el teléfono y lo puso arriba del microondas. Antes ya había sufrido intervenciones telefónicas pero no había escuchado nada o solo había escuchado música del otro lado.

En octubre de 2019, durante la manifestación que hicieron los habitantes de Artificio, un pueblo cercano a Cabildo, vio que un carabinero la señalaba. Ese día la gente se escondió en las zanjas de los ríos por la represión policial. A Bárbara sus compañeros la escondieron en una camioneta. Después de eso su mamá la encerró y le dijo: “Tú no sales a la calle porque a ti te van a llevar primero”.

Para entrar en vigor el acuerdo debe ser ratificado por 11 países de un total de 22 que habían suscrito originalmente el tratado. Hasta el momento solo han sido diez quienes han confirmado su adhesión, siendo Argentina el último en ratificarlo.

“No es normal vivir de esta manera, no es normal que te llamen por teléfono y que te digan que te van a poner terno de madera”, dice Rodrigo mientras toma el vaso de agua que tiene a un lado de la mesa. “Nosotros hemos logrado… convivir con esta situación, que ha cambiado todos nuestros patrones conductuales”. 

En 2015 Rodrigo fue agredido por la espalda. Se estaba bajando de un taxi con la mochila en un hombro y un bolso en el otro, a media cuadra del punto al que se dirigía. Sin previo aviso, lo golpearon y le pegaron en la cara. No logró ver quién fue.Quedó en el suelo.

Después de eso se dio cuenta de que estaban desafiando a, según Rodrigo, “enormes molinos de viento”. No volvió a ir al estadio ni a conciertos, a todos los foros en los que participa va acompañado, trata de no tener rutinas y de no salir de noche.

Desde su casa en La Ligua cuenta que aquella no fue la única vez. Los años siguientes continuaron las amenazas, incluso desde Amnistía Internacional levantaron la campaña mundial Valiente, para proteger a quienes defienden los derechos humanos. Rodrigo recibió más de 40 mil cartas de apoyo desde distintos lugares del mundo.

Aún así, siguieron las amenazas. El 12 de octubre, justo antes del conjunto de manifestaciones conocidas en Chile como estallido social, Rodrigo iba saliendo de un foro en Pichidegua. Su compañero le mostró su celular y se reconoció: su cara ancha, sus ojos pequeños, pero con un balazo en la frente. “Tuve rabia, impotencia. Cerramos todas las redes sociales y salí de circulación por diez días”. La maldita foto, como le llama Rodrigo, es algo que no le gustaría volver a ver nunca más.

Días antes, el activista de 59 años había estado en Alemania recibiendo el premio Núremberg de derechos humanos por su lucha permanente por el agua en la región. Dedicó su discurso a Macarena Valdés, Berta Cáceres y a Alberto Curamil. Casos en que, respectivamente, la muerte se explicó como un suicidio, pero la realidad es que matan a balazos y los encierran en la cárcel para después declararlos inocentes.

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Los debates medioambientales no se dan porque si matan gente por debatir, no hay debate.

Rodrigo cree que se ha naturalizado que los defensores de los derechos humanos en Chile se suiciden en extrañas circunstancias: “pareciera que nos queremos suicidar siempre”.

“Siendo activista estás sometido a una tremenda exposición, el defensor siempre es desprestigiado, no te dan trabajo, te tratan mal y además, siendo mujer es mucho peor porque existe esta cultura patriarcal en la que tienes que hacer mucho más trabajo para validarte”, explica Bárbara. Por otro lado, considera que esa visibilidad puede ser positiva y permite actuar como un escudo protector en caso de persecución u hostigamiento.

Durante octubre de 2019 los tres activistas recibieron amenazas.

Katta Alonso estaba en su casa con un grupo de periodistas alemanes. Les explicaba la situación de la zona y durante el día los llevaría a los hogares de familias que sufrían intoxicaciones producidas por las industrias del sector.

Luego de un café, salieron. Katta estaba cerrando el portón cuando vio una camioneta naranja dando una vuelta en U. Pensó que le iban a preguntar algo, alguna dirección; pero el conductor bajó el vidrio para decirle que le iban a quemar la casa y que ella iba a ser la primera en tener que abandonar Ventanas.

Durante el estallido social, unos hombres fueron a buscar a Bárbara a la casa donde había vivido en Santiago antes de regresar a Cabildo. “Aló, ¿está la señorita Bárbara Astudillo?”, decían desde la reja del pasaje a las dos de la madrugada. Durante tres días seguidos se repitió la situación: le preguntaban a la tía de Bárbara dónde estaba viviendo y le pedían la dirección. 

Tiempo antes, ya su madre le había pedido que hiciera algo para prevenir las consecuencias de estar tan expuesta, era una cara conocida: “Bárbara, haz un video porque estás súper visible, cada día te pueden hacer algo, te pueden matar. Haz una prueba de que tú no te vas a suicidar; ya se han matado a tantos niños acá”.

En septiembre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile decía en un comunicado: “Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo”. Ahora el panorama es radicalmente distinto.

Durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara de diputados del 22 de septiembre, el gobierno calificó el tratado como vago y ambiguo. Mediante una conferencia virtual, el canciller y la ministra de Medio Ambiente aseguraron que las materias de las que trata Escazú ya están contenidas en la legislación chilena y que, de firmarse, el tratado podría exponer al país a casos de demandas internacionales. 

Ventanas. Industrias tóxicas. Foto: Sofía Eluani
Ventanas. Industrias tóxicas. Foto: Sofía Eluani

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Los debates medioambientales son algo que se rechaza en Chile. 

Desde el gobierno se mantiene firme la decisión de no ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, pese a que desde sus inicios Chile participó activamente en su elaboración, copresidió junto a Costa Rica la Mesa Directiva del tratado e incluso invitó a otros países de la región a hacerse parte de la iniciativa.

 

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Los debates medioambientales a veces son un divague

El 19 de abril de 2012 llegó y, los integrantes de MODATIMA le dijeron a Rodrigo que había dos opciones en la entrevista: divagar cuando preguntaran quiénes son los responsables, o  simplemente identificarlos con nombre y apellido: “Opté por la segunda”. En ese momento MODATIMA llevaba dos años en funcionamiento, con el objetivo de visibilizar el problema del agua y hacer que el tema llegara al Congreso.

Durante ese período y a un poco más de 100 kilómetros de Petorca, Katta Alonso investigaba los moluscos y crustáceos en la bahía de Puchuncaví. Las muestras que se recogieron indicaban que existía una contaminación que superaba en un 400% lo establecido por la norma. No era una sorpresa. En el año 2006, Katta ya se había dado cuenta de la gravedad de la situación, cuando daba clases de reforzamiento y cálculo mental a niños de la zona. Notó que eran muchos los estudiantes que tenían dificultades de aprendizaje en comparación con la cantidad poblacional de la localidad. Ahora se sabe que era producto de la contaminación, como lo indica el Estudio para la Defensoría de los derechos de la Niñez.

Desde Petorca, Bárbara cuenta que la gente tiene miedo, miedo de reclamar porque son los dueños de las paltas quienes les dan trabajo. Pelear con ellos sería, en palabras de Bárbara, meterse con el diablo. “Pero yo tengo más miedo a que no tengamos agua”, dice.

Para producir un kilo de palta en Petorca, se gastan más de 400 litros de agua. Ahora, en pandemia, la gente recibe solo 50 litros por semana mediante camiones aljibe.

La situación no siempre fue así. Rodrigo es originario de Santiago, viajó a Petorca a trabajar luego de terminar su carrera de Ingeniero Agrónomo. Fue ahí cuando, al ver el agua de los ríos correr y el verde de los cerros de la zona, decidió quedarse.

Su vida siempre estuvo ligada a la tierra y al cuidado medioambiental. De niño, en el periodo de la Unidad Popular, recuerda haber acompañado a su papá a recorrer los campos y hablar con los campesinos. “Entendía poco, pero siempre estuve vinculado a ese mundo”.

Bárbara, por su parte, nació en Cabildo. Su abuela fue la primera en llegar, con sus animales. Los recuerdos que tiene son en el río y los cerros, donde paseaba junto a su familia entre los chipapotes y los huillis, flores silvestres de la zona.

Se fue de Cabildo para estudiar en Valparaíso y trabajar en la capital. “Me quedé diez años en Santiago, pero siempre venía al pueblo, que estaba cada vez más opaco. Miraba al frente y veía un montón de paltos”.

Desde Puchuncaví lo que se ve no son paltos, sino industrias que destacan dentro de un paisaje de pescadores, casas de colores y una playa, que ahora más que un lugar para bañarse es un depósito de carbón que los mismos pescadores tienen que limpiar.

Desde sus distintos lugares, los defensores de derechos humanos tienen que aguantar lo mismo: amenazas de muerte, violencia física e intervenciones telefónicas. Todo por empeñarse en denunciar públicamente la contaminación y la falta de agua. 

La memoria colectiva de Chile guarda los casos de Macarena Valdés y Alejandro Castro como dos muertes de defensores de la tierra que se han catalogado como suicidio y que dejan un antecedente de la situación de quienes buscan proteger el medio ambiente.

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Los debates medioambientales son nostálgicos

El Puchuncaví de ahora no es el mismo de antes, Katta lo conoció distinto, sin carbón. Cuando era niña iba a veranear al sector junto a su familia. Ahora, desde su casa en Ventanas, recuerda que no había tanta pobreza, que la playa tenía arena y en la caleta  se veían siempre jaivas y ostras.

Playa de Ventanas. Paisaje alterado. Foto: Sofía Eluani
Playa de Ventanas. Paisaje alterado. Foto: Sofía Eluani