La resistencia del pueblo amazónico Shuar Arutam contra Solaris Resources y su proyecto minero Warintza, dedicado a la explotación de cobre.
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“Nosotros, los Shuar, somos un pueblo guerrero. Hemos vivido en el bosque que desciende de las laderas de la Cordillera del Cóndor en Ecuador durante miles de años, y lo defendemos con fiereza. Ni siquiera los españoles lograron poner un pie aquí. Conocemos bien nuestra tierra: sus ríos, plantas y los espíritus que la habitan”, explica Josephina, lideresa indígena del pueblo Shuar Arutam, en su casa rodeada de hierbas medicinales y plantas frutales, donde quema hojas de ajo silvestre por la mañana para protegerse de las maldiciones.
“Para nosotros, los Shuar mayores, el bosque y sus plantas son nuestra principal fuente de vida: nuestra medicina y alimento. Lamentablemente, para la generación más joven ya no es así. Ellos tienen otras ambiciones, aspiran al modelo occidental y creen que la única forma de alcanzarlo es a través de los negocios”, continúa Josephina.
El descubrimiento de yacimientos de cobre en territorio Shuar por parte de empresas mineras internacionales ha significado que comunidades enteras enfrenten ahora los riesgos de la actividad extractiva, así como la presión de organismos estatales y corporaciones multinacionales.
En concreto, Josephina se refiere a Solaris Resources, una empresa canadiense gestionada por el grupo estadounidense Augusta y que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York. Solaris planea abrir una mina de cobre en el corazón del territorio Shuar. El proyecto “Warintza”, que promete una capacidad de extracción sin precedentes, presume de un cobre de “la mejor calidad del mundo”, según el ex director ejecutivo de Solaris, Daniel Earle.
El proyecto Warintza fue concebido en 2003 por Solaris Copper Inc. Pero desde el inicio enfrentó una fuerte oposición de las comunidades locales. En 2006, los helicópteros de la empresa fueron expulsados por la fuerza de la zona y el entonces director ejecutivo, David Lowell, se vio obligado a firmar un acuerdo con los líderes Shuar jurando no regresar jamás.
El proyecto permaneció inactivo durante los siguientes 13 años debido a la resistencia comunitaria. Sin embargo, en 2019, la empresa regresó con una nueva propuesta para el pueblo Shuar: una “alianza estratégica”.
“Esta ‘alianza estratégica’ parecía marcar el inicio de una nueva era, en la que las decisiones serían tomadas por las comunidades y los beneficios distribuidos equitativamente a lo largo del tiempo. Pero al final resultó ser otro intento de dividir y engañar a las comunidades, aprovechándose de nuestras necesidades económicas y de la falta de acceso a servicios”, dice Jaime Palomino, expresidente del Pueblo Shuar Arutam (PSHA), en una entrevista en su oficina en Sucúa.
En este modelo, solo dos comunidades —Yawi y Warints, las más cercanas al yacimiento— fueron seleccionadas como “beneficiarias”, violando la jerarquía interna del pueblo Shuar. El máximo órgano de decisión para los territorios Shuar es la Federación Interprovincial de Comunidades Shuar (FISCH), seguida del PSHA.
Esta división ha generado fuertes conflictos entre comunidades vecinas, que cargan con los costos del proyecto minero sin ver ningún beneficio económico. La comunidad de Maikiuants, por ejemplo, se opuso abiertamente al proyecto, rechazando los acuerdos firmados por Yawi y Warints. En 2021, la “Guardia Indígena” de Maikiuants, liderada por mujeres, bloqueó el acceso a la zona minera quemando árboles y neumáticos, negándose a cualquier diálogo con la empresa.
“Son medidas fuertes, pero no tuvimos otra opción. Fue la única manera de hacer entender a nuestros vecinos y a la empresa que Maikiuants es firmemente antiminería y que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener nuestro territorio intacto. La gente de Yawi y Warints recibió máquinas y dinero para gastar en alcohol, sobre todo los jóvenes, pero eso no es lo que significa ser Shuar. Ser Shuar significa resistir al invasor”, dice Josephina, mientras bebe chicha (una bebida tradicional hecha de yuca) sentada en una hamaca.
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Pero, ¿por qué tanto interés en el cobre? Impulsados por la necesidad urgente de descarbonizar las fuentes de energía y enfrentar la crisis climática, muchos gobiernos del norte global han colocado la transición energética en la cima de sus agendas políticas. En lugar de promover mejores infraestructuras, micromovilidad o el transporte público, el sector de la movilidad está apostando por la conversión masiva de autos privados en vehículos eléctricos, lo que contribuye directamente a la continuidad del extractivismo minero, ahora justificado bajo una etiqueta “verde”.
Para satisfacer la creciente demanda global de tecnologías de consumo energético y movilidad “verde”, hay un fuerte impulso por extraer metales críticos como litio, níquel, cobalto y cobre. Este último cumple un papel crucial en varias tecnologías debido a su ductilidad, conductividad y eficiencia, que lo hacen indispensable para paneles solares, turbinas eólicas, baterías y vehículos eléctricos.
Esta necesidad ha llevado a un aumento de inversiones en proyectos mineros en todo el mundo. En los últimos años, el proyecto Warintza ha atraído inversionistas de Francia, Suiza, China y Estados Unidos, cuyos aportes son esenciales para pasar de la fase de exploración a la extracción a gran escala.
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“No sabemos los detalles, pero estamos seguros de que abrir la mina podría causar daños irreparables a nuestra salud y al ecosistema: contaminando nuestros ríos y cascadas, nuestras chacras (huertos) y nuestros animales”, dice el líder indígena Don Pinchu.
Y no se equivoca. Minas como Warintza inevitablemente provocan deforestación masiva para las excavaciones, campamentos y carreteras necesarias para el transporte, además de contaminación del aire y el agua. En Chile, por ejemplo, las aldeas cercanas a la mina de cobre Chuquicamata han sufrido mayores incidencias de cáncer debido a partículas de mercurio y arsénico liberadas en el aire.
Además, existen riesgos significativos asociados al colapso de represas de desechos tóxicos, que han resultado mortales en otras regiones. El colapso de las represas de Mariana y Brumadinho en Brasil, en 2015 y 2019 respectivamente, causó la muerte de cientos de personas. Estos incidentes generan gran preocupación sobre la infraestructura de presas propuestas en pleno corazón de una zona de altísima biodiversidad como la Cordillera del Cóndor.
“A largo plazo, Solaris no traerá más que pobreza y miseria. Mientras tengamos ríos para pescar y el bosque para proveernos, estaremos bien, mejor que en la ciudad. No tenemos los lujos y servicios de Quito, pero tenemos aire limpio, tierra fértil y vivimos en paz. Esto es algo que muchos jóvenes no entienden, y por ambición se dejan comprar por la empresa”, explica Freddy, un joven Shuar.
En el plano social, como mencionó Josephina, las primeras “víctimas” del proyecto minero son los jóvenes. La división que ha generado no solo es social —entre comunidades vecinas— sino también generacional. Las necesidades de la nueva generación, influenciadas por las redes sociales y los estilos de vida occidentales, se sienten atraídas por las oportunidades económicas que puede ofrecer una multinacional. Esto genera una desconexión con la tierra, con sus raíces culturales y su lengua, y perspectivas divergentes sobre el futuro de las comunidades Shuar.
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El 21 de mayo de 2024, el Augusta Group, accionista mayoritario y empresa controladora de Solaris, anunció un acuerdo para vender 35 millones de dólares en acciones a varias instituciones financieras canadienses con el fin de expandir el proyecto Warintza, adquirir concesiones mineras adicionales e iniciar nuevas perforaciones.
Este acuerdo espera la aprobación de las autoridades competentes y de las bolsas de Nueva York y Toronto. Sin embargo, podría preocupar al directorio de Solaris, dado el reciente triunfo de las comunidades indígenas al bloquear un acuerdo de 95 millones de dólares para la compra del 15% de las acciones por parte del gigante minero chino Zijin Mining Group.
La oferta del gigante chino fue bloqueada por la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC), organismo regulador de transacciones financieras en Canadá, tras una denuncia presentada por la oposición Shuar en marzo de 2024. Los líderes Shuar acusaron a la empresa de no haber consultado adecuadamente a las comunidades y de afirmar falsamente que habían recibido el consentimiento mayoritario del pueblo Shuar.
Gracias a esta fuerte resistencia, las acciones de Solaris alcanzaron un mínimo histórico el 17 de julio de 2024, dañando la imagen de la empresa y dando esperanza a los líderes Shuar.
Sin embargo, el 11 de septiembre de 2025, Solaris Resources selló un acuerdo de 200 millones de dólares con Royal Gold, una compañía estadounidense de regalías y financiamiento en metales preciosos, obteniendo así liquidez a largo plazo para expandir el área minera y potenciar su explotación.
Al mismo tiempo, la empresa trabaja de cerca con los ministerios de Energía, Minas y Ambiente de Ecuador en la revisión técnica de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que se espera ser aprobado a finales de 2025. En su página web, Solaris anticipa asegurar todos los permisos de explotación necesarios para mediados de 2026 y declara que “la reciente reelección del presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha garantizado la continuidad política, ayudando a mantener un clima favorable que ha permitido a la compañía seguir avanzando en su proceso de permisos y de involucramiento con las partes interesadas”.
Solaris también anunció un acuerdo “histórico” con el PSHA, firmado por su nuevo presidente, Marcelo Unkuck, completando así una red de alianzas formales con todas las organizaciones indígenas de la zona. Se presenta como prueba de apoyo comunitario, pero la realidad es más compleja. “El consentimiento no puede simplemente firmarse sin que las comunidades lo sepan”, afirma Josephina Tunki. “Probablemente algunos miembros de la comunidad sí quieran minería, ¡pero no todos! Enfrentamos una amenaza seria y estamos muy preocupados”.
