Mae es una periodista liberiana reconocida internacionalmente por su valentía al denunciar la mutilación genital femenina y otras violaciones de derechos humanos en Liberia. Hija de un juez del Tribunal Supremo asesinado durante la guerra civil, vivió la violencia del conflicto y el exilio antes de regresar a su país para dedicarse al periodismo. Desde el diario FrontPage Africa y la emisora New Narratives, ha investigado temas tabú como los embarazos adolescentes, las violaciones y la explotación minera, siempre desde la mirada de las mujeres y las comunidades más vulnerables.
En 2012 publicó un reportaje sobre la práctica de la ablación en las sociedades secretas femeninas liberianas que provocó amenazas de muerte y la obligó a esconderse, pero también llevó al Gobierno a suspender temporalmente la mutilación genital femenina. Por su trabajo recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Su carrera representa un ejemplo de periodismo que desafía el miedo y transforma la realidad: el de quienes narran lo que otros prefieren mantener en silencio.
Texto: Mae Azango
Fotos: Berta Vicente Salas
ArcelorMittal, con sede en Luxemburgo, es el mayor productor de acero del mundo. Surgió en 2006 de la fusión entre la europea Arcelor y la india Mittal Steel, dirigida por el magnate Lakshmi Mittal. Opera en más de 60 países y controla minas, plantas siderúrgicas y puertos en tres continentes. En sus informes anuales, se presenta como una compañía comprometida con la transición energética y el “acero verde”, pero en muchos países su nombre está asociado a contaminación, conflictos laborales y promesas incumplidas.
El hierro que se extrae en Nimba viaja por tren hasta el puerto de Buchanan y desde allí se exporta, principalmente, hacia plantas europeas en España, Francia y Bélgica. Liberia se ha convertido así en uno de los pilares africanos de la cadena global del acero, un punto de extracción que sostiene la producción de acero “bajo en carbono” en Europa.
El contrato original de ArcelorMittal con el Estado liberiano fue firmado en 2005, modificado en 2006 y 2013, y prevé concesiones sobre minas, el ferrocarril y el puerto de Buchanan a cambio de inversiones sociales. Sin embargo, informes de la Legislatura y de la Agencia de Protección Ambiental han denunciado reiteradamente incumplimientos. En 2022, el Parlamento bloqueó una extensión del contrato por 25 años que habría consolidado el control de la empresa sobre buena parte de la infraestructura nacional. Pero ahora todo parece que se aprobará.
El borrador de la extensión propone incorporar una cláusula de supremacía contractual que colocaría los derechos de AML por encima de nuevas leyes liberianas, y mantener bajo su gestión la infraestructura clave de ferrocarril y puerto. En contraprestación, el Estado recibiría una tasa anual simbólica de unos 500.000 US$ según fuentes liberianas.
Aunque la empresa declara haber invertido más de mil millones de dólares en Liberia desde su llegada, la mayoría de los beneficios se concentran fuera del país. En Nimba, más del 70 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza y el desempleo juvenil supera el 60 %.
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Cuando ArcelorMittal llegó a Liberia en 2005, muchas personas en el condado de Nimba —y también en los vecinos Bong y Grand Bassa— sintieron que por fin algo iba a cambiar. La guerra había terminado hacía poco, el país intentaba levantarse, y la llegada de una de las empresas de acero más grandes del mundo se vivió como una promesa: trabajo, desarrollo, carreteras, agua, escuelas.
Pero casi veinte años después, esa esperanza se ha transformado en frustración. En lugar de progreso, muchas comunidades sienten que ArcelorMittal ha traído más problemas que soluciones. En Yekepa, donde la empresa tiene su base, las quejas se repiten: no hay agua potable, las escuelas no funcionan, las casas se agrietan por las explosiones en la montaña.
Estuve en Bonlah, en el Distrito 3 de Yekepa, una de las comunidades más afectadas. El pueblo está justo al pie de la montaña donde se hace la minería. En un punto del río Gbah, vi a mujeres y niños bañándose y lavando ropa en la misma agua que usan para beber y cocinar. Del otro lado, un grupo de hombres se juntaba para tomar agua directamente del arroyo. Me dijeron que no tienen otra fuente.
Josiah Diah, junto a su hermano Daniel, me explicó que esa agua —la del arroyo— es la única que tienen para beber, cocinar y bañarse. “Desde que ArcelorMittal llegó, no han hecho nada de lo que prometieron. Les dijimos que somos una de las comunidades afectadas, pero no nos escuchan. Dijeron que iban a entrenar a 25 personas de aquí para trabajar en la empresa. Hicieron unas pruebas hace casi un año, pero nunca más nos respondieron. Si no nos van a ayudar, que se vayan”, me dijo Josiah, con la voz entre el enojo y la resignación.
Otros, como Josephus recuerdan que antes de que llegara la empresa el agua del pueblo era limpia. “Ahora los residuos bajan de la montaña y contaminan el arroyo. El agua se pone roja. Tenemos que esperar a que se aclare para poder beberla”, me explicó. También me contó que sus hijos se enferman por el agua, y que las explosiones de la mina hacen temblar el suelo y están cuarteando las casas. “Nadie nos escucha”, repitió varias veces.
En Makinto, otro pueblo cerca de la zona de operaciones, el líder juvenil Otis Konnon me dijo lo mismo: que la gente toma agua de los arroyos, aunque esté contaminada, y que muchos niños se enferman. Allí no hay clínica. Cuando un niño se enferma, hay que caminar una hora hasta Sanniquellie. “Ya ha muerto gente por no llegar a tiempo”, me dijo Otis.
También me llevó a ver la escuela pública de Makinto, construida por ArcelorMittal. Quedó dañada hace tres años por las explosiones de la mina. Todavía no la repararon. Como no hay clases, los niños ahora trabajan con sus padres en el campo.
Desde 2005, ArcelorMittal tiene un acuerdo con el Gobierno liberiano para explotar el hierro. En ese acuerdo se le cedieron activos importantes: el ferrocarril entre Yekepa y el puerto de Buchanan, por ejemplo. Pero en 2022, la Legislatura rechazó la propuesta de renovar ese contrato por 25 años más. Ahora el gobierno de Joseph Boakai está negociando otra vez renovarlo, aunque la empresa ha sido acusada de incumplir los estándares ambientales que ella misma firmó.
En mis visitas, pude ver que las carreteras que conectan las comunidades con la mina son caminos de tierra llenos de piedras, pozos y puentes rotos. Solo se puede circular en moto. La sensación es de aislamiento.
No solo la gente está hablando. También la Agencia de Protección Ambiental (EPA) multó a ArcelorMittal por verter heces humanas en un humedal de Yekepa. En abril de este año, la policía detuvo un camión cisterna de la empresa que llevaba 7.200 galones de desechos desde Buchanan. La EPA declaró que no habían autorizado ese traslado. Según la ley, eso puede implicar una multa de hasta 50.000 dólares o hasta 20 años de prisión. Nada de eso pasó.
Y no es la primera vez que la EPA actúa. En 2022 ya había multado a la empresa con 110.000 dólares por contaminación del suelo y el agua. El informe incluía seis recomendaciones: compensar a los agricultores, ofrecer medios de vida alternativos, reparar las tuberías dañadas, construir una planta de tratamiento de agua y garantizar al menos una fuente de agua tratada por comunidad.
Dos años después, muchas de esas promesas siguen sin cumplirse. Hablé con Alex Paye, del grupo comunitario Nimba Mon-Waa. Me dijo que la planta de tratamiento no funciona y que la empresa sigue comprando agua purificada a una compañía india para sus empleados, mientras las comunidades locales beben del arroyo.
Desde ArcelorMittal me respondieron que están en proceso de contratar una empresa para construir dos kioscos solares de agua y que ya pagaron compensaciones a varios agricultores. También dijeron haber ofrecido medios de vida alternativos y estar reparando las tuberías. Pero en terreno, la percepción es otra. Las indemnizaciones no alcanzan, pagan por árbol algunos dólares y la concesión durará 25 años.
Lo que vi y escuché en Nimba no es solo un reclamo por agua o trabajo. Es una herida abierta. Una historia repetida donde los beneficios del desarrollo no llegan y donde la riqueza que se extrae del suelo no se traduce en una vida mejor para quienes viven sobre él. Cuando pedí visitar la mina y tener el testimonio de la empresa, su respuesta fue: “No. Si quieres visitar la mina y tener nuestro testimonio, debes pedirlo con seis meses de antelación para que podamos prepararnos”.
Este reportaje es un adelanto de un libro que se publicará en 2026. La investigación fue posible gracias al apoyo del fondo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) y de Journalismfund Europe.
Proyecto en colaboración con Revista Late.