Poder empresarial quiere despojar de sus territorios ancestrales a una comunidad kichwa ecuatoriana.
“Resistiremos. Si es necesario, sangre derramaremos, ¡viva la lucha!” dicen en forma de rezo frente a la cámara. En el centro, un hombre con jean y camiseta verde sostiene una lanza. Detrás, una decena de personas, casi todas, mujeres. Más lejos, unas casas de madera y al fondo, un cerro verde. Es la selva amazónica ecuatoriana. El video dura 12 segundos. Termina con la masa levantando el puño derecho. El reel se viralizó rápidamente.
Son los habitantes de la comunidad ancestral kichwa Tzawata-Ila-Chucalpi, que llevan 5 años enfrentando varios intentos de desalojo. Los quieren fuera: el Estado ecuatoriano, la policía, Terraturismo, una empresa con antecedentes mineros.
“No sabemos cómo, ni cuándo ni a qué hora nos vienen a sacar. Estamos asustados” me dice Kambak Wayra Alvardo Andi, el líder del pueblo, de la comunidad, en una llamada por WhatsApp. A lo lejos se escucha llorar a un bebé. Es enero de 2026.
Son 150 familias que viven de la agricultura, del agua del río Anzu y del trabajo comunitario. La primera vez que conversé con Kambak, estábamos en Tzawata, que festejaba sus fiestas
Eran las dos de la mañana.
La noche, un negro infinito, pesado, bullicioso.
La gente empezaba a llegar a la casa comunal sostenida con altas columnas de bambú, piso de tierra y sin paredes. En el techo de paja seca y Eternit colgaban banderines de colores. Dos focos empapaban, con una luz cobriza, a los visitantes.
―Alli puncha.
―Alli puncha.
Se saludaban con la mano y tomaban asiento mujeres con bebés a sus espaldas, hombres adultos con lanzas y jóvenes con teléfonos celulares. Todos, alrededor de una hoguera, esperaban el inicio de la Guaysupina, un ritual que consiste en tomar guayusa en la madrugada. Este té de color marrón oscuro, producto de hervir las hojas verdes y dentadas de la planta medicinal, se bebe hace más de mil años por las comunidades kichwas amazónicas.
Sobre el carbón, en una olla quemada, hervía la guayusa que se compartiría a las tres de la mañana del sábado 18 de marzo de 2023, como inicio oficial de las fiestas de fundación de la comunidad kichwa Tzawata – Ila – Chucapi.
Cada año, en esa fecha, festejan que existen, aunque han sido invisibles por más de 300 años.
A la sala abierta entró Kambak Wayra Alvardo Andi. Saludó con una leve sonrisa a quienes ya estaban sentados y se acercó a conversar con una de las mujeres que preparaba el té tradicional. Luego, el líder de la comunidad se sentó y miró silencioso por encima del fuego; con los pies imantados a la tierra y un poco encorvado, como lleno de la fatiga de las que paren o de los que sobreviven a una batalla.
Kambak repasaba el discurso que daría en un par de horas.
Kambak esperaba que todo salga bien en esos dos días de celebración.
Kambak imaginaba qué sucedería si en la vulnerabilidad de la fiesta y la algarabía, venían a desalojarlos a la fuerza.
Kambak esbozaba, mentalmente, la carta de respuesta que debería redactar para la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Kambak estaba ahí pero no estaba. Igual que su comunidad ancestral.
Su mirada se perdía entre el humo y la luz cobriza.
Llegó el Dj.
Tierras inútiles, baldías
A finales de la década del cincuenta del siglo pasado, en el Ecuador se inició un proceso conocido como la feria de las adjudicaciones.
En la Constitución de 1967 se determinó que las tierras baldías y abandonadas serían bienes del Estado que podrían pasar a particulares que tengan como fin la explotación agrícola, minera y la colonización.
El 22 de mayo de 1958, el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) adjudicó 200 hectáreas de la antigua Hacienda Ila, a los Misioneros Redentoristas, representados por el Reverendo Daniel Alarcón Falconí, quien, el 7 de junio de ese mismo año recibió otras 200 hectáreas más por parte del IERAC, de acuerdo con el Registro de la Propiedad del cantón Tena, en la provincia amazónica de Napo.
Catorce años más tarde, en 1972, el IERAC adjudicó a Laura Margarita Vasco Arellano un lote, contiguo al de los misioneros. 227 hectáreas.
En 1979 el matrimonio Vasco Arellano y la señorita Laura Margarita compraron las 400 hectáreas a los misioneros y se conformó una sola propiedad de 627 hectáreas a orillas del río Anzu.
De estas transferencias de escrituras y firmas no se enteraron las familias kichwas asentadas en el territorio y distribuidas en tres comunidades: Tzawata, Ila y Chucapi. Ellas seguían viviendo en sus casas altas de caña mientras trabajaban la tierra para el autoconsumo y el trueque con comunidades vecinas. Seguían bebiendo y bañándose en el agua cristalina del río como hace más de mil años.
No tenían cómo enterarse de esos negocios. Los pobladores no contaban con carreteras que los comunicaran con el exterior. Todo lo hacían por vía fluvial o por estrechos caminos que recorrían a pie, por horas, hasta salir a Tena, la ciudad más cercana. No sabían de leyes ni de adjudicaciones. Estaban aislados repitiendo lo que hicieron sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. La comunidad mantuvo su lengua kichwa; sus costumbres ancestrales de caza, pesca. La siembra de yuca y plátano. Sus rituales sagrados.
Mientras la vida continuaba en la comunidad, las 627 hectáreas siguieron pasando de mano en mano.
En 1982, Yanouch Agrícola y Ganadería Cía. Ltda. compró la propiedad a la familia Vasco Arellano. Nadie de la empresa llegó a Tzawata a tomar posesión material. En el 2000, la señora Consuelo Donoso Echanique compró a Yanouch la hacienda. Tres años más tarde, Donoso le vendió la propiedad a la empresa minera Hampton CourtResources Ecuador S.A. que, a su vez, en 2004, pasó los derechos a la empresa Merendom del Ecuador.
Y el conflicto, comenzó.
Merendon entró en la comunidad con la idea de levantar proyectos turísticos. Cuando supo que había oro en el subsuelo, la empresa se volcó a la industria minera e inició actividades de explotación en los ríos Pupo e Ila.
De 2006 a 2008 se realizó la extracción aurífera, hasta que el Mandato Minero aprobado por la Asamblea Constituyente obligó a paralizar todas las concesiones para ser renegociadas con la nueva Ley Minera.
La comunidad dice que recibió ofertas de insignificantes compensaciones y la semilla de la división social que rondó el territorio durante el tiempo que la minería se instaló en sus ríos. A Kambak, entre 25.000 y 70.000 dólares por su silencio. A siete personas de Chucapi, una escritura por cinco hectáreas más varias casas del Ministerio de Vivienda. No aceptaron nada.
Tzawata siempre estuvo contra la presencia de Merendon. Chucapi e Ila llegaron a tener conversaciones con la empresa, alegando que nunca podrían ganar una batalla legal.
―El proceso de lucha es complicado, desgastante. Requiere que vayan a reuniones constantes, que se enfrenten a la criminalización de los defensores de la naturaleza, por eso, muchos pueblos renuncian, ceden o negocian con las empresas extractivas. Además, a partir del 2012, hubo una ruptura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con el gobierno de Rafael Correa, quien expulsó a algunas oenegés ambientalistas, lo que debilitó los procesos de lucha social, explica María Belén Noroña, profesora de la Universidad Estatal de Pensylvania, ecóloga política e investigadora de conflictos socio ambientales en temas de minería y petróleo.
Noroña ha publicado algunos artículos relacionados con la minería, el sector petrolero y las disputas sociales. En su análisis sobre las luchas en red o luchas colectivas en la Amazonía se remite al caso Tzawata poniendo énfasis en que esta comunidad ha logrado su legitimación sin tener papeles de las tierras.
Los indígenas de Ila y Chucapi, al ver que no tenían los resultado esperados, que no se cumplían los ofrecimientos de la minera y que, además, fueron testigos de la destrucción de algunos de sus sitios sagrados, bosques, ríos y fosas, decidieron no seguir apoyando a Merendon y se plegaron a la lucha de Tzawata, formando un solo frente llamado Tzawata.
Esto no le gustó a Merendon, que inició un proceso de hostigamiento a la población, con prohibiciones de la siembra de sus productos. Los tres pueblos, al ver afectada su capacidad de sustento con estas restricciones, decidieron envolverse en un complejo laberinto legal.
En 2011 Tzawata fue reconocida como comunidad indígena de raíces ancestrales por parte del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.
Un año antes, el extinto Diario Hoy había hecho una entrevista a la gerente general de Merendon de ese momento. Entre los archivos digitales y olvidados de la red se pudo hallar una nota cortita y escaneada en la que Catalina Feijoo Marín dejó claro que ellos eran los propietarios de las 627 hectáreas. Feijoo también dijo al diario que la empresa no tenía ningún problema con las comunidades aledañas pero que enfrentaban una invasión por parte de gente que era “de afuera con intereses particulares”.
Merendon inició procesos administrativos contra el Estado ecuatoriano con el objetivo de expulsar a la comunidad. El ex-Inda, ahora Ministerio de Agricultura y Ganadería, ordenó ese mismo 2010, el inmediato desalojo de los pobladores de Tzawata.
Hubo dos intentos. En el primero, la fuerza pública logró destruir algunos cultivos. En el segundo, la comunidad completa resistió y conservó el territorio. Al frente estuvieron las mujeres y los niños cuyas armas fueron chisguetes de orina y ramas de ají, como lo describe la doctora María Belén Noroña, en su estudio de caso sobre la resistencia de Tzawata.
En medio de la Guaysupina, Kambak dijo que sí, que la orina era la principal arma de los niños. Con picardía, mostró una foto de ese momento.
En enero de 2011 y en diciembre de 2012, Tzawata hizo dos pedidos a la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura para que expropien a la minera el título de tenencia de sus tierras. En 2012 Merendon, por su parte, hizo la solicitud de licencia ambiental al Ministerio de Ambiente.
Pasaron diez años de silencio, diez años de calma, diez años de paz. Diez años en los que Merendon cambió dos veces de nombre hasta convertirse en Terraturismo S.A.
En octubre de 2021, tomados por sorpresa, los habitantes de Tzawata fueron atacados por 200 personas que llegaron con machetes, carpas, comida, ollas, tanque de gas, techos, motosierras, alambres de púas, carabinas y hasta con colchones sobre la cabeza.
―La idea de ellos era sacarnos y quedarse. Dijeron que venían de parte de Terraturismo a apropiarse de la comunidad. Llegaron con tantas cosas que luego la policía tuvo que decomisar todo, recordó Kambak en medio de la Guaysupina.
Tzawata activó el protocolo de la guardia indígena. Llegaron personas de comunidades cercanas. Estalló una guerra no declarada. Vinieron kichwas de otras provincias. No lograron desalojarlos
“Gracias al machete, una compañera no murió”, dijo Kambak luego de haber salido de sus pensamientos y mientras se preparaba para dar el discurso de inicio de las fiestas: “Mis compañeros dicen que gracias a Dios no murió nuestra guerrera, pero yo digo que fue gracias al machete que estuvo mocho”, comentó con un dejo de rabia.
Desde ese día, hombres y mujeres en Tzawata se organizan en grupos de cuatro personas para cuidar los tres accesos a la comunidad durante las 24 horas del día. Con lanzas y camisetas negras no han dejado de vigilar un instante.
Tzawata duerme con un solo ojo.
“Esto es cansado, agotador. Es terrible no poder vivir tranquilos”, fueron las últimas palabras de Kambak antes de subir al escenario.
***
Leonir Dall’Alba fue un misionero brasileño que llegó a Tzawata en 1987 e hizo una recopilación de entrevistas con el objetivo de entender el origen de esta comunidad kichwa.
Su libro Pioneros, nativos y colonos: El Dorado en el siglo XX se publicó en 1992. Entre los testimonios se incluye el del hijo de Carlos Sevilla, uno de los hacendados que confesó que, en esos terrenos, vivían alrededor de 80 familias de nativos que formaban clanes de apellidos Alvarado, Grefa, Tapuy, Pauchi, Ila, Dahua, Shiguango.
Luis Alfonso Tapuy tiene 60 años y vive en Tzawata. Sus recuerdos se superponían a la música que comenzó a sonar por el gran parlante negro que trajo el Dj para la fiesta de aniversario de la comunidad.
“Esta tierra es nuestra”. Es lo primero que dijo, medio gritando, medio declamando. De inmediato recordó las largas caminatas que hacía de niño, junto a su madre, para vender en Tena los productos de su chacra: “caminábamos por horas y tomábamos fuerza con la chicha que la gente ponía en el camino”. Su padre murió a los 90 años y, para orgullo de Luis Alfonso, le pudo contar toda la historia del pueblo desde antes que iniciaran las adjudicaciones estatales, lo que le permitió asegurar que “no somos recién venidos, nosotros nacimos aquí, por eso luchamos. Si nos sacan, ¿dónde vivirán nuestros hijos, nietos y bisnietos?”.
En Tzawata, conviven hasta cuatro generaciones. Cada tres años hacen un censo comunitario. En 2023 se contaron 393 personas entre niños y adultos, 20 recién nacidos y 15 embarazadas.
A las fiestas de fundación de la comunidad Kichwa Tzawata – Ila – Chucapi llegó Alex Grefa, un músico kichwa de trayectoria. Es muy conocido en la Amazonía. Cantará con su pecho desnudo pero cubierto de collares coloridos. Minutos antes del show se sumó a los recuerdos de Luis Alfonso Tapuy. El artista no es de esta comunidad, pero la vivencia, las costumbres y las grandes caminatas fueron las mismas:
“Yo camino lejos/ para llegar a mi comunidad/ Llego cansado/ pido chicha a las mujeres/ para calmar mi hambre”.
Ese es el estribillo de una de sus composiciones musicales. Se le hacía difícil traducir al español. Grefa solo canta en kichwa. Habló emocionado de Takitamia, el grupo del que fue parte. Uno de sus mejores éxitos: cilularmuku: una oda al uso del teléfono celular.
Kambak subió al escenario, dio un discurso corto y contundente. Dijo que lucharán por su tierra, por sus ancestros y por sus niños. Que dejarán hasta la vida.
―La vida porque nuestra sangre ya está en esta tierra, dirá Kambak al amanecer mientras el Yachak (sabio del pueblo) finalizaría la fiesta con el ritual del ají.
Los pobladores contaron que, uno de sus ríos se llama Pupo porque en sus orillas enterraban el cordón umbilical de los recién nacidos.
Con pasión, después de los discursos, cantó Alex Grefa.
Luego de la danza Tushuna ―seis mujeres vestidas de azul que se volvieron una sola en una coreografía que representaba la vida en la selva―, los pobladores de Tzawata hicieron fila frente al Yachak que estaba arrodillado y tenía a sus pies, sobre una manta de colores, ají, ortiga y tabaco. La ortiga limpia el cuerpo con golpes en la espalda. El tabaco se pone en la nariz para purificar la respiración; y el ají en los ojos, para llenarlos de fortaleza.
Hombres, mujeres y algunos niños se iban quitando la camiseta mientras avanzaban. Los curiosos se amontonaban alrededor y grababan el sufrimiento con sus celulares. De fondo sonaba la música del grupo Takitamia.
El antropólogo Carlos Duche Hidalgo publicó en 2010 un estudio sobre evidencias históricas de que en 1671 los Napurunas, ancestros kichwas de los actuales pobladores de Tzawata, se asentaron definitivamente en la cuenca del río Anzu debido a las tierras fértiles y por ser un lugar estratégico para la movilidad fluvial y el intercambio comercial.
Existen, además, petroglifos que dan cuenta de habitantes primigenios. También se han encontrado antiguos cementerios y lugares sagrados en los que se hacían rituales como la toma de la guayusa y la ayahuasca.
En 2013, la Defensoría del Pueblo solicitó al Juez del cantón Tena medidas cautelares a favor de Tzawata por el conflicto con Merendon. En el informe existen fotos de sitios sagrados destruidos y deforestación en zonas agrícolas de la comunidad debido a la actividad minera que se realizó entre 2006 y 2008. El juez no les concedió las medidas cautelares.
―Estas decisiones políticas son arbitrarias, segura Noroña y recuerda que entre 2010 y 2019 el Estado ecuatoriano entregó a 82 comunidades títulos de propiedad ancestral. Algunas de ellas luego aceptaron la presencia de empresas mineras o petroleras. Cita el caso Pañacocha, en el que le dieron la ancestralidad a un pueblo mestizo que vivió 40 años en esa zona y que luego permitieron el paso de maquinaria hasta llegar a la estación petrolera de El Eden.
―Esto de la ancestralidad es muy subjetivo, también la denominación de indígenas. La Constitución dice que se necesitan apenas 40 años para que una comunidad pueda reclamar su ancestralidad. En el caso Tzawata ya hubo peritajes antropológicos, no sé por qué piden otros. Estos conceptos permiten que los intereses del Estado puedan interferir. En el caso Tzawata ellos piden ancestralidad para expulsar a la minería de sus tierras, ice Noroña.
El 30 de enero de 2022 la Defensoría del Pueblo de Napo, junto con Kambak Alvarado Wayra y organizaciones derechos humanos y de la naturaleza, volvieron a solicitar una acción de protección contra el Estado y a favor de la comunidad de Tzawata para que no sean desalojados.
“En el río Ila pescábamos. Había ceremonias. Las montañas eran sagradas. Ahí vivían nuestros ancestros y de ahí obtenían la energía que daba la pachamama. Junto al río Pupo había una caverna de importancia cultural que dejó dañando la minería. Al perder la caverna se afectó la cultura. Ya no se podía hacer rituales, los Yachak ya no tienen la misma energía, ellos se han enfermado”, dijo Andrés Alvarado, poblador de Tzawata. Su testimonio descansa en las actas dentro de otro peritaje antropológico realizado por el Consejo de la Judicatura en 2021 y que fue utilizado por Tzawata para esta nueva demanda de Acción de Protección contra el Estado.
La falta de estos espacios afecta a las nuevas generaciones. Como nuestros hijos no han visto, ya no creen. Nosotros [nos] hemos sentado a tomar guayusa y ayahuasca, entonces hemos visionado. Ahora los jóvenes ya no visionan tanto como antes”, sentenció Alvarado en esa transcripción utilizada como argumento.
Finaliza la Guaysupina y empieza la fiesta
Seis de la mañana. Luego de la limpieza del sabio, los organizadores reparten enormes hojas de plátano por toda la sala terrosa. Sobre estas, pocillos con sopa, maduro cocinado y filetes de pescado de río. La población se sienta y comparte la comida con las manos. La música es reemplazada por el sonido de las aves y del río
Llega la guardia indígena de la noche y salen los del nuevo turno. Los que quedan, dejan sus lanzas a un lado y se sirven un plato de comida. No hay novedad, nadie intentó despojarlos de sus tierras. Un día menos. Un día más.
Mientras todos comen en la sala comunal de Tzawata, José ‘Pepe’ Moreno, presidente de los colectivos sociales de Napo que luchan contra la minería, está sentado en la orilla del Anzu. Solo. Pensativo.
―Lo que pasa en Tzawata, es un ejemplo de que mantener las tierras comunitarias, en la que todos deciden por igual y tienen el mismo acceso al agua y al suelo, nos ha permitido tener la fuerza para enfrentar años de intentos de desalojo.
Por primera vez, entre la neblina de esa mañana de marzo de 2023 se vio a un Pepe sonreído haciendo mapas en la arena. Conoce la provincia de memoria. Y todas las concesiones mineras todas las operadoras ilegales todas las empresas que incumplen los planes de manejo ambiental. Enumera los ríos contaminados, los ríos muertos, los ríos por defender, los nombres de todos los dirigentes ―los que están a favor de la minería y los que están en contra―, de los burócratas involucrados, de las instituciones, de la corrupción, de la impunidad. Pepe Moreno es de origen kichwa y dibujó en la arena los biocidios que han denunciado desde 2020.
Pepe sabe los números de los expedientes, de las denuncias, de los informes, de las inspecciones. ¿Qué por qué hace eso? Porque no puede hacer otra cosa, dice. Porque no puede creer que ya no exista esa paz selvática en la que creció. Porque se niega a creer que el verde tupido de la selva puede ser reemplazado por rocas, cráteres y agua envenenada.
Esa mañana sus colegas lo llamaron. Se fue de la orilla gritando el número de trámite de una concesión.
Cuatro días más tarde, el 22 de marzo de 2023, se hizo viral un video que registró cómo tres hombres golpeaban a Pepe. Eran mineros ilegales que supieron que estaba acompañando a los militares en un operativo. Sabían que era él a pesar de tener pasamontañas. Le gritaban (mientras lo tenían agarrado por el cabello): “déjanos trabajar, mierda, estamos endeudados”.
Por WhatsApp, Pepe dijo que está bien y que eso sólo demuestra que hay personas infiltradas en las instituciones de control que, así como avisan que hay colectivos sociales vigilando y denunciando la minería ilegal, también informan, horas antes, sobre los operativos, permitiendo que las máquinas se escondan entre el bosque.
Para Fiodor Mena, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales del Ecuador, los daños de la minería legal e ilegal son inimaginables, pero intenta describirlo con la seriedad y la rigidez de un académico: En Napo, 31.521 hectáreas están concesionadas a 180 empresas mineras. Recuerde este dato”, dice.
Mena insiste en que la minería deforesta zonas de selva y zonas agrícolas que ponen en peligro la soberanía alimentaria. La contaminación de los ríos afecta a las comunidades que no tienen agua potable y se sirven de esas fuentes naturales. Asegura que aumentan los conflictos sociales con cambios de patrones de vida como migración e incremento de actividades ilícitas. Los suelos “lavados”, dice, quedan contaminados, perdiendo su fertilidad y generando pérdidas económicas para el Estado.
Mena hace un cálculo: “Esas 31.521 hectáreas concesionadas a empresas mineras proyectan un costo de restauración ambiental y de costos de servicios ambientales que suman USD 2.242’441.755 en 10 años. Sólo en Napo”.
Ahora bien, Mena saca otro dato de la matriz gigantesca que mira en su pantalla y dice que las regalías mineras del llamado Fondo Común ST CTEA por extracción de minería genera, en Napo, USD 27.000 por año. Lo que significa que, en 10 años, por minería, la provincia recibiría USD 270.000
―¿Es rentable? ¿Es sostenible? Pregunta Fiodor y le sigue un silencio que acaba con la sesión de Zoom.
Dieron las nueve de la mañana. La infancia de Tzawata no sabe nada de estos cálculos. Pero saben mucho de la Amazonía. Tres niñas y cuatro niños bajaron al río después de tomar la consistente sopa en la sala comunal. Caminaron de memoria sobre cada piedra. Nos querían enseñar una roca que hace las funciones de tobogán. Pedían que les sigamos. Iban de prisa, conversaban en kichwa entre ellos. Llegamos a la gran roca. Caminaron hasta el filo y se lanzaron en esa especie de torbellino que produce la corriente. Todos rieron. Abajo tomaban la curva justa que les devolvía la orilla. Regresaban corriendo para seguir saltando.
Entre las rocas había una niña de dos años. Su hermana mayor la regañaba, la niña no hizo caso y siguió bajando. Sabía el lugar justo en el que debía parar y mirar. Su madre, Samanta Aranda subió con tres piezas de ropa que lavó en el río. La bebé la siguió. Los otros niños también abandonaron el río y entraron por entre los árboles de la casa de Samanta. La cabaña se levanta sobre pilares de bambú. Abajo ropa colgada, una mesa, una bicicleta y una escalera que lleva al segundo piso donde están los dormitorios.
Frente a la casa n cerco bajo de piedras con carbón enterrado en el piso. Cuatro pilares sostienen techo de paja: la cocina. A un lado repisas en las que se exhiben ollas de cerámica. Las hace Samanta para su uso personal y para alquilarlas a sus vecinas cuando tienen invitados. Samanta es de otra provincia. Vino a Tzawata como parte de los jóvenes de Pastaza que llegaron a luchar contra el primer intento de desalojo en 2010. Conoció a Carlos Aguinda que combatía por su tierra. Samanta se quedó. Tienen cuatro hijos de entre 13 y 5 años: Juan Carlos, Kely, Froilán y Yali
Los niños tenían la cara marcada de rojo. Jugaron con tintura natural. Siguieron corriendo por el bosque. Tomaron un cacao. Lo abrieron y se lo comieron. También había uvillas. Más adelante rodearon un árbol enorme que botaba las famosas semillas de huayruro. Rojas con negro. Las hay pequeñas y grandes. Las niñas explicaron que con eso se hacen pulseras y collares que dan protección y cuidan de la mala energía.
Los niños desaparecen.
De regreso a la casa comunal se ven torres de cajas de cervezas y los equipos para el campeonato de fútbol masculino y femenino. La sesión solemne. El almuerzo comunitario. Continuación del campeonato. Juegos tradicionales y el chichazo bailable.
Kambak descansa un momento sobre una camioneta vieja. Posa para una foto con dos amigos. Ya tenía la idea de la respuesta que iba a escribir a la ACNUDH.
El lunes 20 de marzo de 2023 empezaría la audiencia sobre la Acción de Protección que interpuso la comunidad de Tzawata al Estado ecuatoriano por no respetar las leyes y los tratados internacionales que protegen el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas.
La ancestralidad se lucha en las cortes
“Es desde la Presidencia de la República, en su momento, que se adjudicó tierras que pertenecían a pueblos y nacionalidades indígenas y que tienen derecho de posesión ancestral histórica y derecho a presentarse hoy ante la Justicia Constitucional a reclamar esos derechos”, dijo el Defensor del Pueblo en la primera audiencia de la Acción de Protección de Tzawata contra el Estado ecuatoriano. A su lado izquierdo, en silencio, estaba Kambak
El Doctor en Leyes, Andrés Rojas, es joven, o parece joven. Siempre anda vestido casual y con la mirada altiva. Es el Defensor del Pueblo de la provincia de Napo.
Sobre el caso Tzawata, Rojas recuerda que el Ecuador firmó, en 1997, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que asegura desde el primer artículo, el respeto y la conservación del acceso y uso de las tierras ancestrales a las comunidades indígenas que han habitado ahí desde antes de las actuales fronteras estatales. Esto es apoyado por la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que refuerza la prohibición de desplazar a los pueblos originarios por la fuerza.
Rojas, además, cita dos sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador y dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Herramientas jurídicas con las que, a la fuerza, Kambak Alvarado está familiarizado.
El Alto Comisionado de la ACNUDH, Jan Jarab pidió al estado ecuatoriano, en 2023, que considere seriamente revocar la orden de desalojo, al menos, mientras se resuelva el dominio de las tierras.
Este exhorto internacional se dio luego de que Tzawata viviera nuevos intentos de desalojo, esta vez por parte de la Intendencia de Policía de Napo. Según el oficio, el intendente Manuel Paredes pedía apoyo técnico al alcalde de Carlos Julio Arosemena Tola (cantón donde se encuentra Tzawata) para cumplir un desalojo ordenado por el Ministerio de Agricultura.
En una entrevista el 16 de marzo de 2023 en Britel, un canal local digital, el intendente de Policía de Napo, Manuel Paredes Mero, negó que haya tal orden de desalojo a lo que luego Rojas replicó, en el mismo medio, que los documentos eran de dominio público y que la orden era real.
Tres semanas después, el intendente de 52 años fue aprehendido, junto al comisario del cantón Julio Arosemena Tola y a tres funcionarios más, por vender en discotecas los licores y cervezas incautados en varios operativos policiales de la provincia.
Kambak se enteró porque Paredes era uno de los servidores públicos que debía participar en las audiencias de la acción de protección que inició Tzawata, y lo hizo desde la cárcel. El exintendente defendió el derecho de la empresa Terraturismo de mantener el título de propiedad de las 627 hectáreas. Años atrás, el ahora preso, fue el abogado principal de la comunidad de Tzawata.
Las niñas de Tzawata explicaron, esa mañana de fiesta, entre los festejos de su pueblo, las utilidades de varias plantas, los animales que viven en la selva, sus días de escuela y sus tardes de ocio entre los árboles y el agua fría del río Anzu. No tenían más de 10 años y ya truequeaban entre ellas los productos de las chacras de cada una de sus familias. Cuidaban las hojas de los arbustos de los arranques de felicidad de los más pequeños.
Serán la siguiente generación que decidirá qué hacer con sus tierras, si es que siguen siendo suyas.
Todavía no
Quizá la verdadera tortura de esta comunidad es dormir cada noche en sus tierras sabiendo que se las quieren arrebatar.
La acción de protección interpuesta por Tzawata no fue aceptada por la justicia.
“El juez negó la demanda porque no hay orden de desalojo a la comunidad sino a tres personas específicas que vivían en el pueblo” escribe por chat, Andrés Rojas. De esas personas, una murió y las otras ya no viven en Tzawata.
Otro proceso iniciado por la comunidad, la Corte Constitucional lo anuló porque las personas a las que el Estado quería desalojar, ya no están.
“Entonces, si quisieran desalojar ¿tendrían que hacer todo de nuevo?” escribo al Defensor del Pueblo de Napo que me responde “Así es”.
Sin embargo, el video se hace viral. “Desalojan a familias kichwas” dicen los titulares a inicios de 2026.
Kambak se enteró de la reactivación de una nueva orden de desalojo emitida por el Ministerio de Gobierno y Flor María Proaño Aguirre, gerente general de Terraturismo, porque un amigo que trabaja en el municipio le contó que la Policía había pedido maquinaria para “desalojar esas tierras”.
Federico Tapuy fue presidente de la Federación de Nacionalidades Indígenas de Napo (FOIN), hasta noviembre de 2025.
―El caso de Tzawata es preocupante. Ila era una hacienda. Mis tíos mis papás trabajaron en esa hacienda.
―¿El dueño de la hacienda, era un señor Carlos Sevilla?
―Sí, él. Pero la empresa pasó de mano en mano. Ahora Fabián Villarroel (accionista de Terraturismo) es el dueño legítimo. Ellos son los que están tratando de desalojar a la gente. Yo le he dicho al dueño que por qué más mejor no llegan a un acuerdo para que haga una donación de unas 100 hectáreas. El señor Villarroel me dijo que ya les había ofrecido algo parecido en 2021 pero que no quisieron.
―Antes de Terraturismo la empresa era minera ¿verdad?
―Sí, pero ya no. El dueño me dijo: «Bueno, yo soy el dueño que estoy pagando el impuesto de todo. Entonces, voy a proceder” Y yo como exdirigente ¿qué podía hacer?
―¿Cuál es el fin del uso las tierras?
―Uno de los representantes de la empresa se reunió conmigo y otros dirigentes indígenas para decirnos que quieren posesionar esas tierras más o menos en los meses que vienen. Que el propósito es comenzar a trabajar en la siembra de papachina y otros productos más. Bueno, yo dije, «así ha de ser».
Después nos invitó, vuelta, a otra reunión para que vayamos a la empresa en Santo Domingo para que digamos: «La empresa no está mintiendo». Bueno, por ahí argumenta que la empresa Terraturismo no es minería. Que solo quiere sembrar y darnos trabajo.
―Nosotros reconocemos la legitimidad de la propiedad de parte de Terraturismo. Lo que decimos es que el Estado no los puede desalojar sin que haya un proceso de compensación porque el Estado les quitó ese territorio. Lo que tiene, entonces, son dos caminos: o bien indemniza a Terraturismo con el valor catastral que esté registrado en el municipio por esa propiedad o, a su vez, el Estado debe decir a Tzawata-Ila-Chucapi: “yo te tengo acá un territorio de la misma extensión de similares condiciones en donde pueden practicar su vida ancestral. Les doy este otro espacio en compensación con el que yo entregué en esa feria de adjudicaciones, en 1950, estando ustedes adentro, resuelve el Defensor del Pueblo de Napo.
Terraturismo ofreció una escritura total por 10 hectáreas, más varias casas del Ministerio de Vivienda, a 17 personas de Chucapi. El pueblo tiene alrededor de 250 habitantes. Esa negociación separaría a una parte de la comunidad del litigio de tierras.
―Nosotros no vamos a dejar de lado la recuperación de nuestros territorios ancestrales. ¿Cómo vamos a vender y, peor a entrar en negociaciones con terceras personas que adquirieron nuestras tierras sin consentimiento de nuestros abuelos? dice Kambak.
―Si tocan nuestras casas, a nuestras familias, nosotros también atacamos, es el mantra que repiten todas las noches hombres y mujeres de Tzawata en las reuniones que hacen en la sala terrosa mientras se reparten los horarios de la guardia indígena.
Los niños tienen prohibición de salir de la casa porque han visto últimamente autos con placas de otras provincias que pasan y repasan por la carretera junto a Tzawata.
―Han tenido intenciones de matarme, no me han matado. Sigo aquí hablando, dice Kambak.
“El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió con integrantes de la comunidad indígena Tzawata Ila Chukapi, que habita en la Amazonía ecuatoriana, para recibir información sobre el riesgo de desalojo desde sus territorios por actividades empresariales en la zona” dice el primer párrafo de un comunicado de las Naciones Unidas, a mediados de enero de 2026, junto con una foto de una reunión virtual entre miembros de la organización: varios hombres con fondos de oficinas y cinco indígenas en una sola pantalla entre los árboles de Tzawata.
Escribí a voceros del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Agricultura para preguntar la posición del Estado ante este comunicado. Me dejaron en visto.
Mientras tanto la comunidad está asustada, preocupada y molesta. “Somos de aquí, vivimos aquí, nuestros abuelos están enterrados aquí. No tenemos otro espacio a dónde ir” dice Kambak que se sabe como un extraño de la resistencia.
