Miguel Núñez lidera la Asociación de Pescadores Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales de Bahía Blanca (ASPEFAEA), pero vive de la cría de cerdos y de tocar el arpa andina en fiestas costumbristas. Fue pescador en el distrito de Ventanilla (provincia de Callao), muy cerca de Lima. De esa actividad se mantuvo mucho tiempo. Sin embargo, el 15 de enero de 2022, el mar donde pasaba sus madrugadas se tiñó de petróleo. 

La empresa que causó el derrame en 2022 es la española Repsol, cuya refinería en Perú se encuentra, precisamente, en Ventanilla. La tarde del sábado 15 de enero de ese año, un buque debía descargar petróleo en los tanques de almacenamiento de la refinería La Pampilla. En esa descarga, las amarras de una de las boyas que fijaban la embarcación para el bombeo se rompieron. Como resultado, el contenido de unos 11.900 barriles de petróleo se dispersó en el mar. 

Ventanilla es una zona costera donde miles de personas viven con menos de 446 soles —el equivalente a unos 120 dólares— mensuales. Hace catorce años, Núñez encontró en sus olas una oportunidad económica. Según recuerda, la rentabilidad era buena, considerando que en un día muy productivo un pescador podía ganar un promedio de 500 soles [unos 130 dólares] mediante la venta directa de pescado en el vecindario. Con ese dinero, alimentaba y mandaba al colegio a sus seis hijos. 

“Me hice pescador por necesidad, principalmente. Cuando me mudé a Ventanilla desde El Agustino [distrito en Lima] no había mucho trabajo todavía. Para ‘la olla’, unos amigos me animaron a pescar. Luego empezamos a ofrecer [los productos] a los vecinos. Se podía ganar bien”, cuenta el ayacuchano mientras camina en dirección a Cavero, una de las playas más afectadas por el desastre de hace tres años.

Hoy, Cavero es solo restos y silencio. Nada del movimiento de antes –los bañistas, los pescadores, el comercio ambulatorio ruidoso– ha quedado. La arena, de tonos arcillosos o marrones dependiendo de su humedad, se llega a distinguir por partes, mientras basura y animales muertos ocupan la superficie. Cerca de las peñas aún se pueden ver estacas; indicador de que algunos pescadores artesanales siguen extrayendo especies pese a la prohibición tras el vertimiento de crudo. 

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La reacción de Repsol ante la contingencia fue “tardía” e “inadecuada”, de acuerdo con el capitán del Mare Doricum, embarcación de la empresa italiana Fratelli d’Amico Armatori que debía descargar el petróleo en la refinería. Seis horas después de detectada la falla en las amarras, la multinacional petrolera envió a un especialista. Para entonces, la fuga tóxica ya estaba en las aguas. 

“La playa era barro, pero más como lava. No sabíamos qué cosa era. Nos avisaron algunos compañeros, pero en ese momento no pensé que fuese algo tan serio. Recién al mediodía la municipalidad, las autoridades, informan que hubo un derrame de petróleo. Ya para ese momento veíamos animales —aves, sobre todo— embarrados, que todavía no morían. Algunos nos pusimos a limpiarlos. El día lunes fuimos a Repsol para reclamar, para que nos explicaran qué había pasado”, cuenta Núñez.

En un principio, Repsol señaló al Gobierno peruano que solo cerca de 6 mil barriles, de más de 158 mil litros de petróleo cada uno, habían contaminado las aguas. Pero una semana después el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente de Perú, certificó que el derrame fue, en realidad, de casi el doble. Eran 2.100 toneladas de crudo que se pasearon y estancaron en 48 playas del Callao y de Lima. El daño se extendió por 8.940.061 metros cuadrados: un área similar al distrito de Miraflores en Lima quedó contaminada con petróleo.

El OEFA inició 16 procedimientos administrativos sancionadores contra la petrolera. En su mayoría, los procesos están sustentados en el incumplimiento de acciones preventivas, la falta de respuesta inmediata ante la alerta y la entrega de información falsa por parte de la compañía. De estos, cinco han concluido en multas por un total de 64.805.996 soles [equivalentes a unos 17 millones de dólares]. De acuerdo con OEFA, a quien contactamos, la petrolera pagó este monto, pero adeuda el de otras siete multas, ascendentes a un total de 69.554.221 soles [cerca de 19 millones de dólares]. Además, hay otros tres procesos sin sentencia y uno archivado, indicó la institución. En respuesta a Late, Repsol sostuvo que la corporación “ha ejercido su derecho de defensa en sede administrativa y judicial ante las sanciones abiertas por diversas autoridades peruanas” y que, a la fecha, ha pagado cerca de 22 millones de dólares. 

Fue un desastre ecológico. El mayor que se haya visto en el mar de Perú.

“Yo estaba en una reunión de amigos cuando pasó. Era ya domingo cuando mi compadre de Chancay me llama y me advierte que no vaya a trabajar porque toditito Pasamayo estaba lleno de petróleo. Para ser franco, no le creí. Tenía que verlo y agarré un carro. Toda la zona donde yo trabajaba en bote era una mazamorra espesa”, recuerda Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Tomycalla. 

Las zonas donde Melchor trabajaba corresponden a la provincia de Huaral –en Lima, pero fuera de la zona metropolitana–. Hasta ahí llegó la mancha de Repsol. Melchor es alto, de cabello canoso y barba poblada. Cuando habla de esto, levanta el tono de su voz con la indignación todavía fresca, como si todo hubiera ocurrido ayer.  Cuenta que, cuando fue a verificar lo que otros pescadores le contaron, era difícil estimar la dimensión del daño. Solo sabía que su trabajo peligraba.

El mar seguía ahí, pero denso y muerto. 

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Melchor Ybarra era entonces pescador informal; es decir, su actividad no estaba inscrita ante los registros públicos peruanos ni tenía autorización del Ministerio de la Producción. La catástrofe ambiental lo obligó a formalizarse: fundó su asociación con otros compañeros y, entre todos, oficializaron su reclamo. 

Las organizaciones Conciencia Marina y WWF, según comenta, lo ayudaron a él y a varios otros a empadronarse, requisito necesario para exigir indemnizaciones a Repsol. Pero para evitar la judicialización con los afectados, la transnacional española usó la estrategia de ofrecer dinero a cada uno. Melchor fue uno de los que aceptó. Según cuenta, Repsol le entregó 35 mil soles [unos 9.500 dólares] como pago único a él y a cada pescador con embarcación que aceptara el acuerdo extrajudicial. En retrospectiva, lamenta haber firmado, pues la compensación no estuvo acorde a un cálculo real de sus ingresos sostenidos por cada año en paro. Está convencido de que fue una argucia de la petrolera y que deben seguir protestando.

“Estuvimos como cuatro meses negociando con Repsol. La Defensoría del Pueblo, al lado. Pero lo que pasó fue que Repsol impuso una reparación según su gusto. Yo reconozco que muchos de nosotros firmamos ese documento, sabiendo que era perjudicial para nosotros. Pero, ¿qué camino nos quedaba? Aceptamos sus condiciones por necesidad. Si no hubiéramos firmado, ahorita estuviéramos en juicio. ¿Y de qué hubieran vivido y estudiado nuestros hijos?”, dice. Luego, explica que hasta este día encuentra grumos de petróleo mezclados con arena cuando explora las playas del distrito huaralino de Aucallama.

El daño ambiental tuvo otro curso. Un estudio de la ONU arrojó que el mar peruano seguirá contaminado de seis a diez años por el derrame de Repsol. Solo en las semanas posteriores a la tragedia murieron cerca de 900 especies de animales; en su mayoría, aves: pingüinos de Humboldt, zarcillos, pelícanos, gaviotas, piqueros y golondrinas. Además, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) de Perú multó a la petrolera tras certificar que, en total, 1.852 animales fueron víctimas mortales directas del vertido de crudo.

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La playa de Chacra y Mar está en el distrito de Chancay, en Huaral. En la zona solo quedan avisos amarillentos de cevicherías extintas. A unos 20 metros de la orilla todavía hay postes de madera techados con rafia, que en tiempos mejores servían de sombra a restaurantes al paso para los veraneantes. 

Las casetas, hoy abandonadas y con la rafia rasgada, le dan un toque fantasmal al terreno, sobre todo durante el invierno limeño, que es extremadamente gris y lleno de neblina. El poco color que se distingue en la playa es el de pedacitos de juguetes y otros plásticos pulverizados que el mar ha traído de vuelta. 

Como sus playas vecinas, Chacra y Mar está cerrada al público por los daños de Repsol. De las 48 playas contaminadas, 25 eran visitadas por bañistas. Nadar o siquiera acercarse está prohibido por disposición municipal. Tal prohibición no se cumple, pues aún hay pescadores que –por la urgencia de comer o vender– ingresan con sus redes para probar suerte y sacar algo de especies. Total, a la vista no hay trabajadores municipales o de otras entidades deteniendo esas infracciones. 

Gloria Paredes hunde sus zapatillas en la arena de Chacra y Mar mientras vigila que unas estacas de madera sigan en pie frente a la orilla. Lleva un sombrero, viste una blusa rosa y una falda azul. De la mano lleva a su hijo de 7 años, que se queja y le llora porque está aburrido. Gloria cuenta que su esposo y su yerno son pescadores artesanales, y que la familia aún depende de ese rubro. La contaminación no los asusta tanto: “Más puede el hambre”, dice, así que no atienden los carteles de prohibición y extraen peces contaminados.

“Sí, todavía sacamos pescado. Para comer y para vender. No hay trabajo. Más antes, sí se podía. Hace tres años bajó la chamba. Con malla pescamos. Mi esposo pesca aquí y luego yo lo vendo. Nosotros comemos de ahí también. Sí me preocupa la contaminación, pero hace un año, año y medio que no comíamos pescado. Hay gente que no quiere comprar. Todavía hay petróleo en el mar y la pesca es poca, sucia. Pero qué vamos a hacer”, concluye, mientras hace gestos y le aprieta la mano al niño para que se calme. 

En marzo de 2023, el Congreso de la República peruano aprobó un informe de su autoría con recomendaciones y conclusiones sobre el caso Repsol. De acuerdo con el documento, la compañía española y la refinería de su dominio son responsables de la catástrofe, y tienen la obligación de indemnizar a los damnificados. No obstante, el documento tiene carácter de recomendación, pues el Legislativo carece de facultades para sancionar a la empresa. 

De acuerdo con sus conclusiones, las autoridades competentes en evaluar el daño –Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción– deben conformar un comité que “inicie un proceso de valorización económica” por los perjuicios que el derrame tuvo en el medio ambiente, la fauna marina y la población. También recomienda que el Ministerio Público considere a RELAPASAA y al Grupo Repsol como terceros civilmente responsables. 

Hasta hoy, tres años después del derrame, no existe un estudio oficial de valorización del daño económico. Organizaciones que siguieron el caso, como CooperAcción, reiteran que aquella falla del Estado peruano fue conveniente para Repsol.

“Hicimos un estudio de valorización que arrojaba una cantidad determinada de compensación, que promediaba entre los 10 mil a 11 mil soles [cerca de 3 mil dólares] mensuales, por pescador. Sin embargo, la petrolera consideró, en base a otro estudio que esta misma desarrolló, que el monto de compensación debía ser mucho menor. Tuvimos negociaciones muy tensas en 2022 y 2023, con participación de la Defensoría del Pueblo y con los afectados. La empresa, entonces, ofreció adelantos mensuales de 3 mil soles [menos de mil dólares] por familia”, relata Alejandro Chirinos, sociólogo del equipo de la ONG CooperAcción, que fue una de las primeras organizaciones en sumarse a la asesoría legal de pescadores en el reclamo contra la empresa. 

Según Repsol, la corporación realizó un estudio para ofrecer montos de resarcimiento justos. “Los cálculos de las compensaciones se midieron considerando la afectación real dependiendo de la ocupación de cada persona. Para el estudio se consideró la información oficial de ingresos, un estudio socioeconómico detallado de cada grupo de personas y reuniones participativas con levantamiento de información con las personas identificadas en el Padrón único de Afectados (PUA). Para el caso de los pescadores, estos recibieron un promedio de 100,000 soles y adicionalmente un monto para la reparación de sus embarcaciones o la reposición de su equipo de pesca”, indicó Mikkel Larsen, representante de comunicaciones de la empresa.

Chirinos comenta que la compañía buscó evadir un proceso judicial con el ofrecimiento de montos simbólicos e insuficientes. En julio del 2022, el Estado peruano ya había terminado de identificar a un total de 10.186 afectados por el derrame de Repsol. Lo hizo a través de un empadronamiento que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las municipalidades de Ventanilla, Aucallama, Chancay, Santa Rosa y Ancón. 

Para marzo de ese año, la empresa ya estaba otorgando adelantos de indemnización de hasta S/ 3000 a los damnificados por acuerdo con el Gobierno peruano. Pero Chirinos cuenta que, en diciembre del 2022, la petrolera empezó a proponer acuerdos extrajudiciales de pagos únicos a pescadores de asociaciones registrados entre los afectados.

En abril del 2023, el medio de investigación IDL-Reporteros reveló que más de 8 mil afectados empadronados habían firmado acuerdos extrajudiciales con Repsol bajo el temor de nunca ver resarcido el daño ante una corte. El pago que ofreció Repsol fue inobjetable y calculado unilateralmente: de entre 58 mil y 70 mil soles [15.500 – 18.700 dólares, aproximadamente] para cada cabeza de familia

“Los términos de ese acuerdo, prácticamente, fueron ‘si quieres, nos vamos a juicio, pero vas a perder todo y esperar demasiado’. Lo que logró Repsol fue que un grupo grande de afectados renunciara a sus derechos de reclamo o demanda a futuro por una compensación única y final”, indica Chirinos, cuya organización plantea revocar estos acuerdos con acciones de amparo.

En marzo de 2023, Luis Herrera (presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de las Playas de Chancay y del Norte Chico) firmó el acuerdo fuera de tribunales con Repsol. Al igual que otros de sus compañeros, señala que la empresa los condicionó a no traer abogados para la firma del convenio. Repsol niega esa situación. 

“Todas las personas que firmaron estos acuerdos extrajudiciales tuvieron la oportunidad de ir con sus abogados durante las conversaciones sostenidas de forma individual o representados por alguna asociación o colectivo, tanto es así que dichos abogados figuran firmando las actas de las reuniones sostenidas previas a los acuerdos. Los acuerdos firmados fueron voluntarios y dentro del marco jurídico nacional”, dijo Mikkel Larsen, representante de la petrolera, a Late.

Pescadores como Luis Herrera reconocen que, de no haber firmado, el reclamo por reparaciones hoy tendría mayor fuerza. 

“Fue un tema de presión de mis compañeros [de la asociación] por la incertidumbre de no tener con qué vivir o con qué sostener a nuestras familias. Era imposible que uno se mantuviera en esa posición de no firmar. Le estaría engañando si dijera que no firmé. Yo firmé y más del 90% de mi asociación también lo hizo. Pero en ese tema debo decirle que nosotros nunca tuvimos apoyo del Estado. No nos asesoraron ni ayudaron a saber si la propuesta de Repsol era correcta. Ahora vemos que sigue habiendo contaminación en el mar y que el Estado sigue débil y ausente”, explica Herrera. Insiste en que el Estado debió mediar entre Repsol y la población damnificada, pero no está seguro de cómo si la firma de acuerdos con Repsol fue voluntaria.

Luis Garrido es un pescador del distrito limeño de Ancón, otra zona que sufrió el derrame del hidrocarburo, y representa a parte de los 2 mil trabajadores de mar damnificados en el área. Al igual que decenas de sus compañeros, Garrido firmó un acuerdo extrajudicial con Repsol.

“Accedimos, primero, por necesidad. Segundo, accedimos también por ignorancia, por desconocimiento de la normativa, de las leyes. Una transacción extrajudicial es una conciliación entre ambas partes que —se supone— debe tener la conformidad de ambas partes, pero este contrato y sus condiciones fueron elaborados unilateralmente por Repsol. Nos vimos obligados a firmar porque, hasta ese momento, nos estaban dando bonos de periodicidad irregular. Esperábamos 30, 40, 50 días para el siguiente, mientras estábamos parados, sin poder trabajar de la pesca”, sostiene. 

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Para los pescadores, el daño a las personas se ha pasado por alto o malbaratado. “Todas las personas que estamos en el padrón único de afectados del Indeci estamos en una incertidumbre total. Los resultados, a través de los informes que hace el Estado, muestran que persiste la contaminación de crudo. Nosotros mismos vemos esa contaminación en las playas. Pero la empresa Repsol cerró su vínculo con los afectados a través de transacciones extrajudiciales que firmamos con ella. El Estado no es firme, no hace respetar sus informes ambientales y, prácticamente, la empresa se zurra en el perjuicio. Estamos desamparados”, afirma Luis Garrido. 

Por su parte, el Ministerio de Salud peruano precisa que ninguna de sus entidades adscritas pueden realizar vigilancia sanitaria sobre las zonas afectadas. De acuerdo con su explicación, primero OEFA debe establecer que las playas se encuentran rehabilitadas, lo cual no ha ocurrido pasados tres años del derrame. “Es como si las playas estuvieran bloqueadas hasta que OEFA quite esa determinación [es decir, las declare aptas para las personas]”, dijo una fuente del sector sanitario.

Repsol sostiene que ya cumplió su parte con respecto a las acciones de limpieza medioambiental y de compensación social. “Tras las acciones desplegadas por la compañía, las zonas –el mar así como las playas– cumplen con los estándares ambientales nacionales e internacionales desde hace mucho tiempo atrás. Con respecto a los Planes de Rehabilitación, la compañía los presentó en la fecha indicada por el OEFA y ha respondido a consultas y observaciones dentro de los plazos normados. La aprobación de dichos planes no es necesaria para la apertura de las playas y la realización de actividades económicas en las zonas afectadas”, asegura la compañía.

El Estado peruano aún no ha declarado la rehabilitación total de las playas. Pero también hay otras fallas que corren por su propia cuenta. El pasado 20 de diciembre de 2024, en Perú se reportó una nueva emergencia ecológica por derrame de petróleo. Esta vez, la responsable no fue una compañía privada como Repsol, sino la empresa estatal Petroperú, adscrita al Ministerio de Energía y Minas. El punto de la gran fuga de crudo fue la refinería de Talara, en Piura, región ubicada en la costa norte peruana y en dirección al Ecuador. El petróleo se dispersó hasta en cinco playas del distrito de Lobitos, contaminando unos 10 mil metros cúbicos. 

En el caso del derrame de Repsol las indemnizaciones para las personas perjudicadas no tienen ningún proceso de respaldo. Alejandro Chirinos, de CooperAcción, indica que aún, a febrero del 2025, no tienen una demanda elaborada. Sin embargo, varios pescadores, como Miguel Núñez –quien no ha firmado acuerdo de pago con Repsol– confían en llegar a judicializar el caso y llegar a instancias supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Claro, son casos que toman años. Pero hay que tomar en cuenta que ya son tres años desde que ha ocurrido. Hay que tener paciencia, más que nada. Yo he visto y sentido que tanto el Estado como Repsol creían que nosotros éramos ‘pobrecitos’, ‘mendigos’ que no ibamos a reclamar por justicia. Yo agradezco a Dios que tengo muchas habilidades y que soy mil oficios. Esto me sostiene ahora”, resaltó Núñez. Hasta hoy se resiste a firmar por los 65 mil soles [unos 17 400 dólares] con los que la multinacional busca detener un proceso judicial. De sus 240 compañeros agremiados a ASPEFAEA, Núñez dice que 150 han cedido al ofrecimiento económico de la compañía.

Tras la experiencia con Repsol, el Congreso de la República aprobó en octubre de 2024, la creación de un registro único consolidado de personas afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos. En su exposición de motivos, el proyecto sentencia que, de esa manera, se administrarían correctamente las indemnizaciones tras eventos similares futuros. El Ejecutivo no promulgó la norma y la devolvió al Parlamento, que finalmente la publicó por insistencia.

Miguel Núñez da saltos entre las peñas de la playa Cavero, donde sabe que, por necesidad, algunos de sus colegas aún pescan lo que pueden pese a la prohibición. En medio de la basura dispersa sobre la arena, dice sentirse privilegiado por tener otros trabajos —el de los cerdos, principalmente— que le permiten subsistir. 

Mantiene, además, aficiones de paso, como mirar con atención cada objeto arrojado en el suelo o devuelto por el mar. Lo hace seguido porque, dice, a veces encuentra pedazos de madera reutilizables. Los buenos los recolecta para confeccionar arpas andinas, un instrumento que se toca en funerales para despedir a un ser querido. Y Núñez, como tantos otros, se ha despedido del mar.