La industria de la subrogación en Europa está en auge. Un mercado en expansión que expone prácticas opacas, documentos falsos y legislación desigual a lo largo del corredor Turquía-Georgia-Chipre del Norte.
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Hemos publicado sobre este tema en turco y en inglés. Queremos que esto se sepa en español. Cada vez más personas recurren a la subrogación en Europa: un método de reproducción asistida para cumplir el deseo de ser madres o padres; en otras palabras, es el negocio de los vientres de alquiler que se ha transformado en un mercado de miles de millones de dólares.
Según estimaciones recientes, se espera que el valor del sector pase de 21.850 millones de dólares en 2024 a 196.000 millones en 2034. El crecimiento más acelerado se concentra en Europa y Norteamérica, donde la subrogación es legal y está regulada. Sin embargo, el panorama legal sigue siendo una maraña: mientras algunos países la permiten con restricciones, otros la prohíben por completo. Esa disparidad genera zonas grises fértiles para el abuso.
Las investigaciones coinciden en que tanto las prácticas legales como las ilegales de subrogación son susceptibles de explotación, debido a vacíos normativos y conflictos de jurisdicción. Se han documentado casos de trata de personas, coacción a madres gestantes y a familias intencionales, violaciones a la autonomía corporal, ausencia de consentimiento informado, procedimientos fraudulentos y prácticas médicas cuestionables, como transferencias múltiples de embriones.
En el corredor que une Turquía, Georgia y Chipre del Norte se ha consolidado un circuito de subrogación transfronteriza que expone una explotación sistemática de mujeres vulnerables.
Mientras que en Turquía la subrogación está prohibida, en Georgia y en la autodenominada República Turca del Norte de Chipre es legal. Esta asimetría permite la proliferación de redes que operan en los bordes de la legalidad.
La asociación Hope for the Future, con sede en Tiflis, ha denunciado decenas de casos de subrogación ilegal. Su directora, Tamar Khachapuridze, asegura que tienen pruebas de ciudadanas georgianas y turcas utilizadas como madres gestantes, y de niños trasladados a través de fronteras con documentos falsificados. «Llevamos diez años denunciando estos hechos a la fiscalía. Todo sigue encajonado. Alguien está interesado en que estas historias no salgan a la luz», afirma.
Uno de los casos más impactantes que documentaron involucra a una mujer turca. Tras someterse a una transferencia embrionaria en Georgia, fue enviada a Tailandia en el séptimo mes de embarazo. Allí dio a luz a un bebé destinado a un hombre soltero de origen chino. El procedimiento violaba directamente la ley georgiana, que prohíbe tratamientos de subrogación a mujeres extranjeras.
Solicitamos información a la Fiscalía de Georgia sobre el caso, incluyendo el número de expediente, pero no obtuvimos respuesta. La abogada Rusudan Nanava, especialista en casos de subrogación, no se sorprende: «La fiscalía trata estos casos con el máximo hermetismo. Dudo que les respondan».
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La presión social y mediática ha llevado al Parlamento de Georgia a debatir una ley que podría cambiar radicalmente el modelo actual. El proyecto, presentado en junio de 2023, propone limitar la subrogación a acuerdos altruistas entre georgianos, excluyendo a los extranjeros. Esto pondría fin a un negocio que hoy se sostiene con el 95% de clientes foráneos.
«Estamos ante casos de trata de personas. Pero dudo que esta ley prospere. El gobierno tiene capacidad para acelerar trámites, pero en este caso se mueve a paso de tortuga», dice la diputada independiente Tamar Kordzaia. Y añade: «El impacto económico sería enorme: para las clínicas, pero sobre todo para las mujeres que encuentran en la subrogación una forma de subsistencia».
Una de ellas es Teona, una maestra de 42 años que sobrevivió a la violencia doméstica. Diez años atrás, decidió gestar por subrogación en dos ocasiones. «Como mujer, sentí que podía ayudar a otra que no podía tener hijos. Pero también necesitaba el dinero. Quise comprar un apartamento para asegurar el futuro de mi hija, y lo logré», cuenta, con una mezcla de orgullo y pragmatismo.
En Tiflis, logramos acceder a una de las clínicas más reconocidas: el Centro de Salud Reproductiva Chachava, dirigido por la doctora Keti Gotsiridze. Allí, la subrogación genera cerca de 300 millones de dólares al año. El 90% de sus pacientes son extranjeros y cada madre gestante recibe entre 25.000 y 30.000 euros. El centro trabaja con unas 400 mujeres al año.
Conseguimos la entrevista gracias a una recomendación de un parlamentario georgiano, pero incluso así, la doctora Gotsiridze se mostró reticente. «No todos hacemos lo mismo. Yo manejo una práctica limpia. Pero los medios nos meten a todos en la misma bolsa», se quejó.
El acceso a este universo exige algo más que credenciales periodísticas. Se necesita paciencia, diplomacia y suerte. Y eso también dice algo sobre el negocio: no es opaco por accidente, sino por diseño.
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En septiembre de 2021, el Ministerio de Salud de Turquía recibió una denuncia anónima sobre la clínica F. IVF, ubicada en un barrio acomodado de Estambul. La acusación: captar a mujeres jóvenes de zonas vulnerables, incluso menores de edad, para convertirlas en madres subrogadas a cambio de dinero.
El esquema era complejo. Se les administraban medicamentos hormonales en sus casas durante varios días. Luego eran trasladadas con documentos falsos a Georgia o Chipre del Norte. La investigación identificó a un solo sospechoso, A.A., que reclutaba a las mujeres. El café utilizado como fachada cerró un mes antes del inicio de la vigilancia policial. El caso fue archivado en enero de 2023, pese al intento de apelación del Ministerio de Salud.
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En 2019, una redada en Estambul reveló la existencia de una organización criminal que traficaba mujeres turcas hacia Georgia y Chipre del Norte para subrogación. El cabecilla era un ciudadano chipriota del norte, con dos colaboradoras moldavas. Los medicamentos se distribuían desde Turquía y las mujeres eran llevadas a clínicas como «IVF Tours Georgia» en Tiflis.
Cinco años después, nos hicimos pasar por candidatas turcas interesadas en subrogación. Desde la clínica respondieron de inmediato, detallando pagos y pruebas médicas. Esto, a pesar de que la ley georgiana prohíbe expresamente brindar ese servicio a extranjeras. La ilegalidad persiste, solo que ahora opera con mayor sofisticación.
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La subrogación es legal en Chipre del Norte desde 2016, pero la falta de reconocimiento internacional de la isla complica su supervisión. «Tenemos leyes muy detalladas, pero nadie las controla», reconoce Filiz Besim, exministra de Salud y actual diputada.
Nuestra investigación revela que mujeres de bajos recursos, especialmente del Cáucaso, son llevadas a la isla en condiciones poco claras. Organismos como ONU Mujeres advierten sobre los peligros de esta «economía de la fertilidad» sin regulación efectiva. Según estimaciones con inteligencia artificial, en la isla se concretan unas 500 subrogaciones por año. El 11% de todas las donaciones de óvulos en Europa ocurren aquí, según la consultora LaingBuisson.
En conversaciones reservadas, periodistas y activistas nos hablaron de un mercado paralelo: venta de esperma por parte de estudiantes extranjeros, donaciones de óvulos entre jóvenes sin supervisión, clínicas que operan en la sombra. Nadie lo ignora, pero casi nadie se atreve a hablar.
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En Turquía, pese a la prohibición, abundan los anuncios en redes sociales donde se ofrecen vientres de alquiler. Contactamos a una mujer que relató con naturalidad dos posibles métodos: usar su óvulo y el esperma de la pareja interesada, o recurrir a una clínica privada que realizaría el procedimiento de forma clandestina, garantizando un certificado de nacimiento «sin problemas».
El deseo de tener un hijo puede llevar a personas desesperadas a involucrarse en estos circuitos informales. Pero los riesgos son enormes: para la salud de todos los implicados y, también, en términos legales.
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No todos piensan igual. En marzo de 2023, cien expertas y expertos de 75 países firmaron la Declaración de Casablanca, que aboga por la prohibición mundial de la subrogación. Una de sus impulsoras es Olivia Maurel, nacida por subrogación en 1991. «Esto no es un debate teórico: es una cuestión de dignidad humana. La subrogación la viola por definición», sentencia.
En enero de 2024, el Parlamento Europeo dio un paso importante: acordó considerar la subrogación forzada como una forma de trata de personas. La medida fue aprobada formalmente en mayo y deberá ser incorporada por los Estados miembros en un plazo de dos años.
El objetivo es claro: proteger a las víctimas y sancionar a quienes se lucran con cuerpos ajenos. Pero mientras eso ocurre, cientos de mujeres siguen gestando en las sombras, sin garantías ni derechos.
Para la abogada Ozlem Yenerer, la solución no está en la prohibición absoluta, sino en una regulación empática. «No se trata solo de tener un hijo, sino de vivir todo el proceso. La ley debería proteger a todas las partes sin negar esos deseos profundos», plantea.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del IJ4EU Fund y de la International Women’s Media Foundation.
