Solo diez kilómetros al norte separan Santa Cruz Chinautla de Ciudad de Guatemala. En ese corto trayecto el río Chinautla se transforma en un vertedero. Dos tercios de la basura de la capital terminan en sus aguas. Cientos de kilómetros después desembocan en el Mar Caribe. Las aguas amarronadas y grisáceas se mezclan con trozos de tela rojiza y cartones de huevo en descomposición. Neumáticos y troncos arrastrados se asoman, formando pequeñas montañas en aquella cloaca gigante. En la ribera se acumula la basura. El olor es insoportable.
Solo diez kilómetros al norte separan Santa Cruz Chinautla de Ciudad de Guatemala. En ese corto trayecto el río Chinautla se transforma en un vertedero. Dos tercios de la basura de la capital terminan en sus aguas. Cientos de kilómetros después desembocan en el Mar Caribe. Las aguas amarronadas y grisáceas se mezclan con trozos de tela rojiza y cartones de huevo en descomposición. Neumáticos y troncos arrastrados se asoman, formando pequeñas montañas en aquella cloaca gigante. En la ribera se acumula la basura. El olor es insoportable.
“La contaminación se hizo evidente en los años 90, cuando comenzó a llegar la basura de la capital”, dice Efraín Martínez, autoridad del pueblo Maya Poqomam. Los residuos provienen del basurero de la zona 3 de Ciudad de Guatemala, uno de los más grandes del mundo, que recibe más de dos mil toneladas de desechos diarios de gran parte de la capital y de otros 14 municipios. Aunque se proyectó como un relleno sanitario –un lugar donde los desechos se depositan y se compactan tras cubrirlos de tierra–, nunca se cumplieron las medidas adecuadas. Además de la basura, el río recibe aguas residuales de los drenajes de la capital y desechos de varios basureros clandestinos, agravando la contaminación, el impacto ambiental y poniendo en riesgo a más de 1.550 familias.
Efraín recuerda aquellos días en los que el río era cristalino, como un balneario natural. “Aquí venían muchas personas a bañarse en las pozas de estas aguas. Cuando crecimos había árboles frutales, verduras y hortalizas, pero todo eso ha desaparecido”. En 2019, la comunidad dio un paso decisivo al crear la Alcaldía Indígena, con el objetivo de retomar su autogobierno y proteger sus derechos. Tuvieron trabas desde la municipalidad para realizar el trámite, pero desde entonces luchan, organizándose en consejos comunitarios, buscando apoyo internacional y enfrentando riesgos constantes por defender su territorio.
“Cuando el río crece, el olor es insoportable. Esto ha causado que muchas personas, especialmente niños y niñas, enfermen gravemente”, denuncia Olga Hilario, vocera de la comunidad. “Cuando llueve nos llegan desechos de fábricas, de hospitales y hasta de los cuerpos que queman en el cementerio”.
El agua está tan contaminada que ni siquiera puede utilizarse en la alfarería, una tradición ancestral que en 2013 fue declarada patrimonio intangible de la nación. El material se extrae y se trabaja a mano, mezclado con paja y corteza de pino. Hoy en día, el barro proviene de las laderas de los cerros, donde hay agua limpia. Pero no es suficiente. Para resistir y preservar esta práctica, Olga y un grupo de 30 mujeres crearon la Asociación de Mujeres Alfareras en 2010. “Después de la tormenta Ágatha, que arruinó todavía más a la comunidad, nos organizamos para defender nuestro derecho a la tierra”.
Este problema no es aislado. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un tercio de los ríos en América Latina, África y Asia sufren una grave contaminación patógena, mientras que la contaminación plástica amenaza los ecosistemas fluviales en todo el mundo. Además, un estudio global publicado en 2022 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences analizó 1.052 sitios de muestreo en 258 ríos de 104 países, detectando contaminantes farmacéuticos en más de una cuarta parte de los lugares estudiados. Las concentraciones más altas de estos contaminantes se encontraron en África subsahariana, el sur de Asia y América del Sur, especialmente en áreas con infraestructura deficiente para el tratamiento de aguas residuales y gestión de desechos.
La capital que desplaza al pueblo Poqomam
“La Ciudad de Guatemala se ha trasladado tres veces. Primero estuvo en el Valle de Almolonga, luego en Panchoy y, tras el terremoto de 1773, se estableció en el Valle de La Ermita, que es donde está actualmente y que era dominio del pueblo Poqomam. Desde entonces, el despojo ha sido constante”. Julio González es activista del Colectivo Madre Selva, organización ecologista guatemalteca con más de 26 años acompañando a las comunidades en la defensa de sus bienes naturales y sus derechos.
“La larga historia de contaminación está vinculada a la demografía y la negligencia de la municipalidad de Guatemala”, comenta Julio. “Sobre todo, a las políticas discriminatorias y de exclusión que han afectado al pueblo Poqomam desde la época colonial y posteriormente, siendo víctima de abusos por parte de los capitalinos”.
Este desplazamiento se hizo más visible a raíz del terremoto de 1976. “Ahí el Estado vio la oportunidad de sacar a la población y trasladarla a una parte más alta, que se llamó Nueva Chinautla. Las personas mayores y con más arraigo decidieron quedarse”.
Madre Selva comenzó a trabajar en Santa Cruz Chinautla en 2010. Fue entonces cuando Julio observó la contaminación y las consecuencias del basurero y el mal funcionamiento de los drenajes, que empeoran con el crecimiento acelerado de la capital. También vio el impacto de las empresas areneras. La extracción de arena y piedrín socava el lecho del río, debilitando el suelo y aumentando el riesgo de desastres en esta comunidad ribereña. En épocas de lluvia, la falta de diques o muros de contención en las orillas provoca inundaciones de pura agua contaminada.
Desde el año 2000, las inundaciones en Guatemala han aumentado considerablemente. De hecho, constituyen el tipo de desastre más común en la región, representando el 86% del total de los registros entre 1950 y 2020.
Esta explotación opera sin consulta previa ni control estatal. A finales de 1996 y 1997 el Estado comenzó a extender licencias de explotación minera en la zona, sin contar con sus habitantes, saltándose el derecho a la consulta previa, libre e informada recogida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por el Congreso de la República el 5 de marzo de 1996.
“Otorgaron las licencias por 25 años sin consultarnos. Además, es evidente la negligencia de los funcionarios que aprobaron estas concesiones: en un tramo de apenas 4 kilómetros hay seis areneras. Es decir, cada 500 metros hay una, a pesar de que los suelos son débiles”, denuncia Efraín. “No solo nos envían las aguas residuales y la basura, sino que también permitieron la explotación de esta zona baja”. Y destaca que, aunque dos de esas licencias ya vencieron –la de Arenera La Primavera y Piedrinera San Luis–, ambas siguen operando cerca de las viviendas, poniendo en riesgo a la comunidad.
“Hace dos años iniciamos una resistencia pacífica para intentar detener la actividad de las areneras”, explica Olga. Es así como todos los martes Hilario y sus compañeras de la Asociación de Alfareras agarran sus pancartas y se colocan frente a estas empresas. Permanecen ahí desde bien temprano en la mañana hasta las dos de la tarde, gritando consignas y exigiendo una solución. Pero nadie les presta atención. “El problema que enfrentamos es muy grave. La tierra está agrietada y las casas, al año de construirlas, ya tienen fracturas”.
Un pueblo en riesgo de extinción
“Parece que el pueblo de Chinautla está condenado a extinguirse”, dice Julio. “Santa Cruz y el pueblo Poqomam están ubicados en un enclave donde operan dos poderosas familias empresariales: la familia Castillo, que produce cerveza, agua pura y otras bebidas; y la familia Novella, dedicada desde hace más de 100 años a la extracción de material de construcción y producción de cemento”, apunta el activista de Madre Selva. “Lo que estos empresarios necesitan, o quizás desean, es desplazar totalmente a la población y quedarse con las canteras de materiales de construcción”.
Según el Diagnóstico Ambiental que Madre Selva hace de la comunidad, es importante subrayar que las concesiones mineras situadas en los ríos Tzaljá, Chinautla y Las Vacas –los tres ríos que rodean el área de Chinautla– son las principales responsables de afectar a las comunidades, dado que la extracción desordenada del piedrín desencadena transformaciones en la morfología fluvial de los mismos.
Peligros y riesgos que ha tenido que subsanar la propia comunidad, que tuvo que construir diques y muros en la ribera para contener el agua, así como reconstruir el puente y proteger la escuela del agua sucia que entraba.
“Esta situación es complicada porque la organización que atiende los desastres en Guatemala ha declarado el área de Chichinaula como inhabitable. Al designarla como zona roja, el propio Estado prohíbe cualquier tipo de construcción en el área. Es decir, la gente vive allí bajo su propio riesgo. Esto es significativo porque, en la medida en que el Estado abandona a esta comunidad, la está condenando a un desplazamiento progresivo”, añade Julio.
Para Efraín no es una opción salir del pueblo. “Tenemos los títulos históricos que nuestros abuelos compraron. Estas siempre han sido nuestras tierras. Por eso pido al actual Gobierno que haga lo que prometió en campaña, proteger a nuestro pueblo y revisar las acciones de las empresas. Nosotros no nos oponemos a las empresas si estas respetan”. De hecho, junto a Madre Selva, la comunidad ha iniciado una serie de procesos para recuperar la dignidad del pueblo Poqomam.
Mientras, cerca del río las tierras son estériles, agotadas por la actividad de los areneros y exhausta por la basura que llega. El agua, que antes albergaba vida, hoy solo arrastra las sobras de lo que otros no quieren: botellas rotas y plásticos ahogados. A sus 58 años, Olga aún sueña con ver el río que le describía su madre: “Todavía tengo fuerzas para seguir luchando. Tengo hijos y nietos, y en el futuro tendré bisnietos, pero ¿dónde vivirán? ¿Y cómo?”.
