¿De Bruselas a Puebla? Contaminación industrial en el río Atoyac

“Ahora huele, pero a veces no se puede ni estar,” dice Maribel Rojas en la orilla del río Atoyac. Pastora desde hace seis años, ha visto ese tramo del río en distintas tonalidades: teñido de azul, rojo, morado, negro. 

“Cuando viene negro, los animales ni se acercan,” asegura.

Junto a ella, su ganado: seis vacas flacas, un pony y sus perros. Se mueven inquietos en la ribera. “El gobierno no hace nada. Son las empresas las que echan sus químicos. Como ciudadanía no podemos hacer nada”, agrega.

La Cuenca del Alto Atoyac (CAA) es una de las 30 regiones de México que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador identifica como en estado de emergencia socioambiental y sanitaria. 

A través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), el gobierno de México observó que esta región (y las otras 29) presenta procesos contaminantes que han provocado profundas y graves consecuencias en la salud de su población.

Se trata de una región de aproximadamente 4 mil kilómetros cuadrados. Abarca 47 municipios del estado de Tlaxcala y 22 del estado de Puebla. Allí reside el 80% (1,130 mil habitantes) de la población de Tlaxcala y el 42% (2,844 mil habitantes) de la población de Puebla.

En octubre de 2023, el Conahcyt publicó un informe estratégico sobre cómo abordar la emergencia sanitaria y ambiental. Allí escriben: “uno de los argumentos reiterados para invisibilizar las justas demandas de las comunidades afectadas (…) ha sido la falta de evidencia científica de los procesos contaminantes y el deterioro de la salud que se han reportado. Este primer informe para la CAA constituye un instrumento que puede servir para respaldar científicamente”.

Y los respaldos son varios. Entre tantos, estos son algunos: 

En todas las regiones de Tlaxcala, que conforman el CAA, la tasa de mortalidad por enfermedades renales crónicas en personas entre 15 y 49 años puede ser hasta casi cinco veces mayor que el promedio nacional. 

En los municipios de Tlaxcala, al oriente de la Cuenca, existen relaciones más significativas entre los altos índices de muertes por enfermedades renales crónicas y los mayores niveles de contaminación detectados en el río.

De hecho, según datos del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), la zona con mayor cantidad de emisiones es la zona de Zahuapan, subcuenta del Río Atoyac en Tlaxcala. Es en esa región donde se ubican importantes industrias químicas.

En los municipios al sur de la Cuenca, que incluyen tanto a los municipios de Puebla como a Tlaxcala, se presentan las relaciones más significativas entre las altas tasas de mortalidad por leucemias agudas en menores de 19 años y la presencia de metales y arsénico en el río.

Además, alrededor del 41% de los casos de leucemias agudas en menores de 19 años en Puebla y Tlaxcala residen en el CAA. El 58% de estas leucemias son mortales. 

El riesgo de desarrollar leucemias agudas es el doble en poblaciones que viven en la subregión CAA con alta exposición a metales y arsénico, en comparación con las poblaciones que viven en áreas con exposición baja o moderada.

La lista sigue.

Sigue mucho más.

Lo que se demuestra en el estudio, financiado por la entidad estatal, es que en esta cuenca existen tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades prevenibles, muy superiores a los promedios nacionales. 

Y que todo esto es causado por la exposición a toxinas y materiales contaminantes provenientes de las industrias ubicadas en la región. La presencia de enfermedades renales crónicas y leucemias infantiles o adolescentes casi siempre se asocian a exposición a toxinas y procesos contaminantes. 

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Entre la planta de Volkswagen (VW) y la de BASF (ambas multinacionales alemanas), sobre la orilla del Río Atoyac, la zona se conoce como Nueva Alemania. Casas en obra emergen de calles con nombres como Frankfurt, Hamburgo, Kiel, Hannover, Berlín. Ciudades con nombres germánicos con vista a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

En los días de calor y lluvia, el olor acre del Atoyac se cuela en las casas de Nueva Alemania. “Es una asquerosidad, está bien contaminado por las fábricas que tiran ahí sus aguas negras”, opina María Ocotlán desde su tienda de antojitos mexicanos en la calle Munich. 

“El río no tenía contaminación antes, el deterioro es de veinte años para acá. Antes la gente iba ahí a lavar la ropa porque el agua bajaba cristalina, y hasta se bañaba”, cuenta Ocotlán y agrega: “ahora, ni lavarse las manos”.

Desde 2021, una coalición de ONG y expertos mexicanos e internacionales denuncia a Nueva Alemania –y en especial a las multinacionales alemanas– por la devastación ambiental del Atoyac, culpando “a la contaminación dejada por transnacionales como Volkswagen, Bayer, BASF y Thyssenkrupp, entre otras” de “dejar su huella en el territorio y los cuerpos de las personas”.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con la CONAGUA, presentó un informe en el que indicó que de 18 sitios del río Atoyac en Puebla y Tlaxcala, sólo uno de ellos no tuvo resultados para considerarse contaminado en sus aguas superficiales.

Pero además, según mediciones realizadas por el gobierno mexicano desde 2011, los niveles de arsénico en todas las zonas del río Atoyac superan significativamente el límite de 0.01 miligramos por litro (mg/L) establecido por la OMS. Esto incluye concentraciones de hasta 2,78 mg/L, que pueden provocar cáncer y problemas cardiovasculares.

El cadmio, en niveles superiores a 0,003 mg/L, es tóxico y puede dañar los riñones y los huesos, además de provocar cáncer. El cobre supera los 2,0 mg/L, lo que puede provocar problemas gastrointestinales y hepáticos. En varias zonas, el cromo supera los 0,05 mg/L, con potencial cancerígeno. El níquel, en niveles superiores a 0,07 mg/L, puede provocar problemas respiratorios. El plomo, en niveles superiores a 0,01 mg/L, puede provocar daños neurológicos, especialmente en niños y niñas. Finalmente, el zinc supera los 3,0 mg/L, lo que puede provocar náuseas y vómitos.

De 2015 a 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en México, realizó 945 visitas de inspección y ha iniciado acciones legales contra 38 municipios por su responsabilidad en la contaminación del río. 

De 2015 a 2017, la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) realizó 945 visitas de inspección, que condujeron al cierre de 27 industrias por mal manejo de residuos peligrosos. También inició acciones legales contra 38 municipios por su responsabilidad en la contaminación. De 2022 a mediados de 2023, los fiscales ejecutaron otros 13 cierres, principalmente en San Martín Texmelucan y Puebla.

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A lo largo de las décadas, los habitantes del CAA han visto con sus propios ojos (y cuerpo) el crecimiento del corredor industrial. En 1965, la llegada de la planta de Volkswagen. En 1969, la creación del Complejo Petroquímico Independencia. En 2016, la instalación de Audi. 

Si bien es cierto que industrias químicas de todo el mundo vierten sus aguas al Río Atoyac, gran parte de las más importantes son alemanas.

En 2020, el director general de la Cámara de Comercio e Industria México-Alemana (Camexa), Johannes Hauser, reconoció públicamente los vínculos comerciales entre ambos países y Puebla. 

Destacó que, hasta ese momento, operaban en Puebla 180 empresas de capital alemán y que principalmente eran del sector automotriz, químico, logístico, de producción de herramientas y de tecnología “ambiental”. Las más importantes han sido Audi, Volkswagen, Pelikan, BASF e incluso Bayer. 

El año pasado, Puebla fue el principal exportador mexicano a Alemania, con un movimiento de bienes por valor de 3.660 millones de dólares. Un informe de la Secretaría de Economía de México sobre inversión extranjera directa (IED) mostró que, de enero a junio, recibió 942 millones de dólares de inversión alemana, solo superada por Ciudad de México, con 1.450 millones de dólares en inversiones.

Las fuentes de los vertidos industriales en ríos son solamente a veces identificables. En la mayoría de los casos, son difusas. Por lo tanto, es difícil señalar con el dedo a una planta química en particular.

Las industrias con mayores emisiones de contaminantes son la automotriz, eléctrica, química y textil. Y, lo que sacan, sobre todo al agua (aunque también al aire y a la tierra) dle Atoyac, son metales pesados, metaloides, compuestos orgánicos-sintéticos y pesticidas. 

Eso es lo que han encontrado estudios como el de Conahcyt y la razón por la cual reside una población con presencia de enfermedades relacionadas con la exposición a contaminantes, por encima del promedio nacional.

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Hace cincuenta años, al otro lado del Atlántico, era el río Rin, en Colonia, Alemania, el que estaba contaminado. Günther Meisenberg recuerda la época en que trabajaba como fotorreportero en los años setenta. Entonces, el Rin estaba tan saturado de químicos que era posible incluso revelar los negativos, afirma. 

Él, que trabajaba para el diario local Stadt-Anzeiger, hizo la prueba primero en el tramo del río que pasa por Colonia, ejecutando una “idea sin sentido” que tuvo con otro colega del gremio. 

Juntos comprobaron que las fotografías se revelaban con aquel cóctel químico, y viajaron a Dormagen, donde estaba la fábrica de la multinacional Bayer en el estado de Renania del Norte-Westfalia. 

“Fuimos hasta allí, llenamos botellas de agua, condujimos hasta casa y revelamos los negativos con esa misma agua, que era la que vertía la planta de Bayer”, recuerda.

Según el fotógrafo, en aquella época ya existía cierta conciencia ambiental. Estaba mal visto que las personas arrojaran desechos al río, pero no se criticaba a las industrias situadas en sus márgenes. “Se podía ver a los peces con sus vientres hacia arriba, flotando en el agua”, asegura.

Con el tiempo, Alemania implementó una regulación ambiental más estricta, coincidiendo con un proceso de deslocalización industrial en el que las grandes empresas trasladaron sus costos ambientales a otros países. Con políticas específicas y medidas de gestión de la cuenca, el río Rin se recuperó y fue reconocido por la mejora en la calidad de sus aguas.

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Custodiada por una torre de vigilancia, la planta de BASF en Puebla es una fortaleza. Guardias privados controlan la entrada. El acceso a la fábrica es restringido. Apenas por sus rejas se asoma una escultura de un tanque de aluminio con bombas hidráulicas encima. 

Dentro de la torre, algunos anuncios advierten que está prohibido entrar con teléfonos celulares, cámaras de video o fotográficas. Este complejo de naves industriales se expande en unos 220 mil metros cuadrados. Tubos rojos envuelven fachadas blancas y azules con chimeneas que desprenden un humo espeso.

BASF presume “crear química” para un futuro sostenible. También asegura operar “en conformidad con las leyes locales y federales, en cumplimiento del objetivo corporativo de introducción de una gestión sustentable del agua”. 

Su fábrica suministra productos “de alto desempeño” –soluciones para gasolina y lubricante, aditivos para plásticos, floculantes, asetilénicos y derivados carbonílicos– a los sectores minero, aeronáutico y automotriz. 

Según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), tan solo en Puebla, BASF Mexicana extrae aproximadamente 1,750 metros cúbicos de agua al día, lo que equivale al consumo anual de una persona en la Ciudad de México. Además, BASF descarga casi 194,000 metros cúbicos de aguas residuales al año directamente al río Atoyac, suficiente para llenar unas 57 piscinas olímpicas.

En su complejo químico en Puebla, BASF asegura operar una planta de tratamiento de aguas residuales propia, en funcionamiento las 24 horas, siete días de la semana. Desde el cielo, se distinguen tres estanques con agua verdosa. Sin embargo, esta planta no figura en el inventario gubernamental de plantas de tratamiento de aguas residuales del Alto Atoyac.

Al ser consultados, la empresa aclaró su situación por correo electrónico: “Por las necesidades de nuestro sitio productivo en Puebla, no requerimos reutilizar el agua que tratamos, por esa razón la descargamos directamente en el Río Atoyac con base en la NOM-001-SEMARNAT-2021 y en las condiciones específicas de acuerdo con nuestro permiso de descarga a cuerpos federales. Esta es la razón por la que BASF no aparece en ese directorio”.

Detrás de la planta de tratamiento de BASF, una cascada de agua púrpura se derrama en el Atoyac. Pero BASF no es la única empresa que descarga sus aguas residuales al río. 

Según el Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales no municipales, en 2022 en la cuenca del río Atoyac, 219 empresas desaguaban toneladas de desechos de forma diaria.

Al otro lado del río, cruzando Nueva Alemania, se extienden las naves industriales de Volkswagen (VW), que ensambla ahí sus vehículos desde la década de 1960, cuando construyó la “mayor planta automovilística de México”, según la propia multinacional.

Desde mayo de 1996, VW de México extrae un millón y medio de metros cúbicos de agua al año, conforme a la concesión PUE102866. Desde abril de 2004, la empresa reporta un volumen de descargas residuales de casi un millón y medio de metros cúbicos anuales, bajo la concesión 04PUE112420/18FMDL15. 

El volumen de agua extraído por VW en Puebla podría abastecer a aproximadamente 11 mil personas durante un año, considerando que el consumo promedio de agua en la Ciudad de México es de 366 litros diarios por persona. Además el volumen de descargas residuales podría llenar unas 415 piscinas olímpicas, cada una con una capacidad de aproximadamente 3,375 metros cúbicos.

“Cumplimos con todas las mediciones requeridas por la normativa mexicana aplicable”, aseguran desde la multinacional. Además, VW niega haber recibido quejas de la comunidad sobre este asunto o cualquier otro relacionado con sus procesos.

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BASF forma parte del lobby de la industria química en Europa. Gasta cerca de cinco millones de euros anualmente en pugnar que las políticas públicas europeas favorezcan sus intereses comerciales, según consta en el Registro de Transparencia de la UE. 

Sin embargo, los vigilantes del poder corporativo en Europa, entidades como Corporate Europe Observatory (CEO) o LobbyControl, estiman que el gasto en cabildeo es mucho mayor del que declaran las empresas, pues hay actividades que pueden no estar recogidas en el registro oficial. En paralelo, según el registro de lobby que Alemania impuso en 2022, la compañía gastó en el último año cerca de cuatro millones de euros en “representar sus intereses” ante las instituciones germanas.

BASF, como Bayer, no sólo presiona desde sus equipos acreditados en el Parlamento Europeo. También lo hace mediante grandes grupos de lobby como Business Europe, CropLife Europe, European Chemical Industry Council (Cefic) o VCI (Verband der Chemischen Industrie), entre otros. 

Tan solo Cefic declaró gastar más de 10 millones a ejercer “influencia” en las instituciones europeas. Mientras, VCI destinó cerca de cinco millones de euros a estas actividades.

En febrero, Cefic organizó en una planta de BASF en Amberes un encuentro durante la presidencia belga del Consejo de la UE. Convocados por el lobby químico, 73 representantes de 20 sectores industriales presentaron ante el primer ministro belga, Alexander De Croo, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Declaración de Antwerp para un Pacto Industrial Europeo, una alternativa corporativista al Pacto Verde Europeo.

De este Pacto Verde, Von der Leyen acababa de anunciar días antes la derogación de una de las políticas más controvertidas en los últimos meses en materia ambiental: la nueva regulación de pesticidas (SUR), que pretendía rebajar a la mitad el uso y riesgo de estos químicos en la UE. 

La medida, que formaba parte de la estrategia alimentaria europea “De la granja a la mesa”, ya había sido rechazada en noviembre de 2023 por la Eurocámara, cuando una facción de diputados que votaron en contra denunciaron la presión de la industria agroquímica para alterar el informe que se sometió a voto en la sesión plenaria.  

En abril, el Europarlamento dio luz verde a la directiva que enfoca las prácticas medioambientales de las corporaciones fuera de las fronteras europeas: la que regula la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDD, por sus siglas en inglés). 

Esta norma estuvo sujeta a un intenso proceso de lobby entre países desde que arrancó su tramitación parlamentaria en 2022. Finalmente, los eurodiputados votaron en su mayoría sí al texto, tras acotar el ámbito de aplicación de la directiva a empresas con más de mil empleados y una facturación anual superior a los 420 millones de euros.

La norma busca responsabilizar a las grandes empresas de las violaciones de los derechos humanos y medioambientales a lo largo de su cadena de valor. 

BASF, Bayer y Volkswagen, por ejemplo, son tres de las empresas que entrarán en el ámbito de aplicación de la regulación, porque tienen más de 1.000 trabajadores y facturan más de 450 millones de euros al año. 

¿Qué significa para una empresa? Que tiene que integrar la debida diligencia en sus políticas empresariales. Deben detectar y evaluar efectos adversos o reales de sus acciones. Que debe haber prevención y mitigación de posibles efectos adversos. Que debe haber un remedio para los efectos adversos reales. Que debe haber comunicación pública sobre la debida diligencia. 

Los costos para las empresas de establecer y operar el proceso de debida diligencia tienen que ver, sobre todo, con costos de transición: gastos e inversiones para adaptar las propias operaciones y cadenas de valor de una empresa para cumplir con la obligación de debida diligencia.

Se trata de eso, de los costos.

La propia página de la Unión Europea afirma que las normas sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa se harán cumplir a través de la supervisión administrativa (designada por cada estado miembro) y la responsabilidad civil. Los Estados miembros garantizarán que las víctimas obtengan una indemnización por los daños resultantes de una falta de diligencia debida intencionada o negligente.

Las nuevas regulaciones comenzarán a aplicarse a partir de 2027, una vez que los estados miembros hayan transpuesto la directiva a su marco regulatorio nacional.

Aunque el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional en diciembre, hasta abril el proyecto legislativo estuvo bloqueado por Alemania y por Italia, y muchas organizaciones de la sociedad civil temían que no saliera adelante antes de las elecciones, con el riesgo de perderse para siempre. 

En este bloqueo, Italia era un aliado de Alemania por intercambio de intereses, sostiene la eurodiputada Heidi Hautala, ponente del informe sobre CSDD. 

A Italia, principal productor de envases, le convenía el apoyo de Berlín para “descafeinar” la nueva directiva de embalajes, y a Alemania –explica la europarlamentaria finlandesa– le interesaba pisar el freno en la de diligencia debida, posición que marcaba el partido conservador que gobierna con Olaf Scholz en coalición, el liberal FDP. 

Esta relación con su socio de gobierno ha paralizado a Alemania como estado miembro importante, sostiene Hautala. “Que su socio minoritario se opusiera a la directiva bastaba para que Alemania no pudiera apoyarla en el Consejo. Pero entonces llegó Italia, que tenía un problema con la directiva de embalajes, así que lo que hubo fue un toma y daca genuino”. 

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El río Atoyac, que nace de manantiales volcánicos, se contamina en su paso por la zona industrial de Puebla y Tlaxcala. Las actividades de más de 22 mil empresas y la falta de tratamiento adecuado de sus aguas han contribuido a su deterioro. 

De estas, poco más de 6 mil están obligadas a reportar sus emisiones y transferencias de contaminantes al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). Sin embargo, en 2021, solo 225 empresas cumplieron con esta obligación. Es decir, menos del 4% del total​.

Además, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 50% de las descargas de aguas residuales se encuentran a menos de 500 metros del cauce del río.

“En los últimos 60 años se tomaron decisiones políticas impulsadas por un modelo de desarrollo vinculado a la producción económica. Empresas nacionales y transnacionales comenzaron la producción y exportación de mercancías, tales como los automóviles, la cerámica, mezclilla, etcétera, y que ha generado una transformación radical del uso del territorio, un trastorno de las formas tradicionales de vida y, por lo tanto, un escenario muy complejo para quienes intentan vivir ahí”, explica Rodrigo Gutiérrez, doctor en derecho e investigador en materia de derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Un elemento central en este proceso es el agua, un tesoro requerido para cualquier proceso productivo”, agrega Gutiérrez. 

En México, el agua es gestionada por la Conagua, que puede asignarla a municipios o estados para que la suministren a los hogares. Sin embargo, también puede otorgar concesiones directamente a las empresas, basado en las mediciones de disponibilidad de agua al momento de la solicitud.

“El problema es que la Ley de Aguas Nacionales, que es la que creó la Conagua, está diseñada para darle seguridad jurídica a las empresas en relación con el acceso a este recurso. Para eso fue creada en 1992. Es ‘hermana’ de la Ley de Minas y de la modificación del artículo 27 constitucional, que abrió el mercado de tierras en el país. También está vinculada a la Ley de Inversión Extranjera”, señala Gutiérrez.

“La Ley de Aguas Nacionales se creó en un período histórico identificado en México como un proyecto ideológico. Hoy ya no lo podemos nombrar sin riesgo de parecer sesgados, pero 1992 se caracteriza por sus modificaciones legales para permitir que ciertos negocios se internacionalizaran”, concluye el jurista.

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Los lazos de la política germana con sus empresas químicas son conocidos desde hace 20 años. En un reportaje publicado en 2005, el medio alemán Stern citaba el caso de parlamentarios como Marianne Hürten y Karl Kress, de Renania del Norte-Westfalia –donde Bayer tiene su sede–, que simultáneamente recibían un salario de esta empresa química. 

Por su parte, el liberal Jürgen Creutzmann, de FDP, ejerció hasta 2006 como vicepresidente del parlamento de Renania-Palatinado y al mismo tiempo como contable asalariado en BASF. En 2009 dio el salto al Parlamento Europeo. El reportaje de Stern documentó que BASF afirmaba tener conocimiento de 235 mandatos políticos de sus empleados. 

Según Heidi Hautala, los que por parte del sector privado rechazaron la medida de diligencia debida fueron, por un lado, la asociación industrial alemana BDI –en el que está también el lobby químico VCI (al que a su vez pertenecen BASF y Bayer)– y, por otro, Business Europe, organización que también incluye a estas dos empresas. 

BDI ha sido una de las cinco organizaciones que más reuniones tuvieron con los eurodiputados para abordar el desarrollo de esta legislación, junto a Shift Project Limited, la European Coalition for Corporate Justice, la European Trade Union Confederation y Global Witness, según el registro de transparencia de la UE.

Sin embargo, la postura que BASF hizo pública en 2022 decía acoger “con satisfacción” la propuesta de normativa. “Un marco jurídico de la UE debería crear igualdad de condiciones y proporcionar seguridad jurídica, incluso más allá de la UE. Estamos abiertos a participar en los debates”, alegaba BASF. En febrero, Bayer firmó un comunicado junto con un grupo de empresas, en el que rechazaban el bloqueo del canciller Scholz a la aprobación final de la directiva.

Hautala sostiene que estas compañías ya no se oponían a la medida “en parte por las concesiones acordadas entre los Estados miembros”.“Estamos, de alguna manera, en la dirección hacia la que querían ir”, dice. 

Sin embargo, advierte del riesgo de que las grandes empresas, que deben cumplir con la directiva y pueden ser sancionadas, diluyan su responsabilidad a través de subsidiarias más pequeñas. 

“No sé exactamente qué salvaguardas tenemos para prevenir eso, pero sería claramente contrario a la ética, si no directamente en contradicción con la directiva”, reconoce Hautala. A pesar de esto, confía en el potencial de la norma, ya que, aunque se aplique solo a las empresas más grandes, en teoría vigilará también el impacto de las subsidiarias y de toda la cadena de suministro. 

La votación final de la directiva de diligencia debida coincidió exactamente con el undécimo aniversario del desastre del Rana Plaza, el colapso del edificio en Bangladesh en el que murieron 1.138 personas mientras fabricaban ropa para grandes marcas internacionales. Este accidente puso en evidencia la deslocalización de los costos humanos y ambientales por parte de las multinacionales.

Junto con el derrumbe del Rana Plaza, se desplomó también el concepto de responsabilidad social corporativa, argumenta Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMA). “En ese momento, quedó claro que las normas voluntarias no llevan a ningún lado”, afirma. 

Sostiene que este evento trágico dio lugar a los principios de diligencia debida: normas vinculantes que obligan a las entidades a tener planes de riesgos y de gestión empresarial, y a resolver unilateralmente cómo reparar y mitigar sus impactos. 

“Supone un avance en términos de transparencia y de una cierta fiscalización de la cadena de valor global”, reconoce Ramiro, pero considera que “no tiene sentido que ese sea el único mecanismo, que es lo que sucede con esta directiva y con otras legislaciones nacionales que siguen la misma línea”.

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Las aguas de los ríos del centro del país, especialmente los sistemas de Lerma-Chapala-Santiago y Atoyac-Zahuapan, están saturadas de una mezcla de contaminantes industriales, domésticos y agrícolas. “Tenemos lo que llamamos mezclas complejas de contaminantes”, explica Rodolfo Omar Arellano Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

“Dividimos los contaminantes en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos vienen de drenajes domésticos, residuos de alimentos y basura. Lo más preocupante son los patógenos como salmonella y e. coli, y también hemos encontrado virus de hepatitis y herpes”, asegura.

El investigador precisa que la contaminación inorgánica incluye metales pesados como arsénico, cadmio, cromo, zinc y níquel. A eso hay que sumar el impacto del uso extensivo de agroquímicos. Se encuentran, entre otros, organofosforados y compuestos organoclorados, como el DDT, pese a que está prohibido. “Incluso hemos detectado glifosato directamente en el agua, usado irresponsablemente para eliminar el lirio o matar mosquitos”, añade Arellano.

En su oficina de la UNAM, Arellano pasa las páginas de un libro en el que muestra  las especies de peces del Atoyac. Hoy podría ser el catálogo de un museo de historia de la extinción: casi todas han desaparecido. “Extinto, extinto, en peligro crítico, extinto, en peligro crítico…”, se lo escucha decir. 

Recuerda una investigación que llevó a cabo en 2012, en la que experimentó con embriones del pez cebra para evaluar la toxicidad del agua del Atoyac. “Las muestras eran tan tóxicas que mataban a todos los embriones”, cuenta. “Tuvimos que diluirlas cincuenta veces para que los embriones sobrevivieran y, aún así, presentaban múltiples malformaciones”, sostiene. 

“El problema es que la norma ambiental no vigila el río, sino las descargas”, explica.

“Las industrias deben mantener sus contaminantes por debajo de ciertos niveles, pero esos límites son absurdamente altos. Además, las descargas se realizan en drenajes comunes, haciendo imposible saber quién es responsable”.

En los años 90, la simplificación normativa impulsada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) redujo cincuenta normas ambientales a solo tres. “La industria tiene una fuerte influencia en los comités de normalización, frenando cualquier intento de endurecer las regulaciones”, critica el investigador.

“Identificamos estas áreas como zonas de crisis socioambiental”, dice Arellano para explicar que las zonas afectadas por esta contaminación no solo enfrentan un deterioro ecológico, sino también social y económico. La degradación de los ecosistemas y la pérdida de modos de vida tradicionales han llevado a un aumento en la migración y hacia trabajos industriales precarios, señala, con el consecuente abandono de la agricultura.

La industria textil, en particular, es señalada como una de las principales responsables de la contaminación visible. “Las descargas de tintes y productos químicos de las fábricas textiles tiñen el agua de colores vivos. Las pequeñas fábricas no tienen infraestructura adecuada para el tratamiento de sus residuos, lo que agrava la situación”, advierte.

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“Lobista es una palabra sucia. Nadie quiere llamarse a sí mismo lobista. Se dice, más bien, relaciones públicas. Pero básicamente se trata de influir. Hacer lobby es intentar influir en el poder”, resume el investigador Pascoe Sabido, de Corporate Europe Observatory (CEO).

El lobista habitualmente empieza su carrera profesional, tras estudiar en universidades prestigiosas, con un trabajo de prácticas en una empresa de lobby. De ahí pasa a un periodo de prácticas remuneradas en la Comisión Europea o el Parlamento Europeo. “Puede que regrese un tiempo a la empresa privada y, de nuevo, a ser asistente de un eurodiputado, y luego vuelva al lobby”, afirma Sabido. 

Un rastreo del historial profesional online de cada uno de los acreditados por BASF, Bayer y Cefic -el lobby químico-  en el Parlamento Europeo lo confirma. Sciences Po, Universidad Libre de Bruselas, College d’Europe, King’s College London, Universidad de Maastricht… Muchos estudiaron ciencias políticas, derecho europeo o relaciones internacionales, hablan varios idiomas, trabajaron en el Parlamento o la Comisión un tiempo, y terminaron en una de estas empresas como relaciones públicas. O sea, como lobistas.

BASF, en particular, apuesta por incidir en las primeras etapas del proceso legislativo, en lo que denominan la non-paper phase, según muestra un documento interno de esta multinacional alemana filtrado hace años a CEO. 

El documento refleja que a la compañía le resulta más eficaz intervenir en una fase muy temprana de la toma de decisiones que hacerlo una vez la Comisión Europea haya formulado una propuesta. Es lo que llaman “co-diseño” de la legislación.

Reuniones dentro de las instituciones –las que quedan registradas–, encuentros informales en bares, fiestas, congresos. Los eventos son organizados con frecuencia en Bruselas, en los que se invita a políticos para debatir un tema, consiguen, según Sabido, sesgar el debate, y, al mismo tiempo, “legitimar” a las empresas que los impulsan. 

“El resultado es algo que parece un debate, pero en realidad está enmarcado por la compañía, que decide lo que se habla”, analiza. Además, es otra oportunidad para que los lobistas se acerquen a los líderes políticos fuera del escenario. 

Y, al estar las empresas sentadas a debatir en la mesa, hace que parezcan parte natural de la conversación, argumenta el investigador. “La gente puede decir, mira, son una pieza más del debate. Pero en realidad no, son los que lo están dirigiendo, porque son los que lo pagan”.

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Tlaxcala, el estado mexicano vecino de Puebla, tampoco se salva de los efectos de la contaminación. La externalización de los costes ambientales y sociales por parte de empresas como VW, Basf, Bayer, entre otras, se visibiliza en varios puntos de esta región, donde el río Atoyac sigue su curso. 

En Tlaxcala, Bayer produce fungicidas, de los cuales más del 80 % los exporta a Estados Unidos y a Europa, según datos de la empresa. Los procesos básicos son la fermentación y pasteurización. El mayor insumo, informa la compañía, es el azúcar, “para alimentar a las bacterias”. 

La organización asegura cumplir con la normativa oficial estándar para las descargas de agua al drenaje municipal, y también alega que las aguas residuales que pasan por la planta de tratamiento municipal de Tlaxcala cumplen con las leyes antes de ser desechadas al río. “Las descargas son sometidas a examen cada tres meses, de acuerdo con la regulación aplicable”, detallan en entrevista. 

“Tenemos claridad del agua que ocupamos, en qué procesos y cómo sale esta agua de los procesos en las diferentes plantas, sin duda. No solamente por una responsabilidad de la compañía. También la ley lo solicita de esa manera. Las normas mexicanas en materia de medio ambiente y manejo de agua son estrictas. Las auditorías por diferentes niveles de gobierno son constantes en este tipo de corredores industriales”, asegura la directora de comunicación de Bayer México, Laura Tamayo. 

Sin embargo, la compañía remite la copia de una auditoría realizada por la autoridad nacional del agua en mayo de 2017, hace siete años, y recalca que este organismo confirmó entonces el cumplimiento con las normas. 

Desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaran que “la empresa Bayer de México S.A. de C.V. cuenta con un permiso de descarga de aguas residuales por un volumen de 3,600 m3/anuales. Aunado a lo anterior, esta moral tuvo tres procedimientos administrativos derivados de una visita de inspección. Dos de los procedimientos se encuentran concluidos; existe uno que se encuentra en substanciación”. Contactados en múltiples veces para conocer el resultado de los procedimientos concluidos, la Conagua no emitió una respuesta

El nivel de daño ambiental y de salud causado en el CAA ha llamado la atención de comisiones de derechos humanos (nacionales e internacionales), tribunales de ética e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Pero, en un corredor industrial donde hay industrias que quieren permanecer instaladas en el CAA por los beneficios productivos y fiscales de la zona, quienes han tenido peso político han sido las comunidades que allí residen. 

Han tenido un impacto directo en la agenda política del agua al presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2011. Esto dio lugar a la Recomendación 10/2017, que insta a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala y a los municipios de Huejotzingo, San Martín Texmelucan , Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla para implementar medidas para reparar los daños a las comunidades y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

“En las noches el olor es terrible, tóxico, como dulzoso pero picante, pero que además a la gente le causa mareos o vómitos”, denuncia Alejandra Méndez, directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local. Esta activista lleva veinte años centrando su lucha en la contaminación que provoca el sector industrial asentado entre Puebla y Tlaxcala, en el Alto Atoyac. 

“VW y Pemex hacen el parteaguas en la cuenca en los años 60, cuando se instalan y empieza toda la proliferación de corredores industriales”, repasa. Su organización ha documentado a lo largo de las décadas el abandono de lo que en su día fue una zona especial conservación –un humedal reconocido en la lista Ramsar–, para dar paso a las industrias. 

VW, en concreto, no produce sus coches ahí, sino que los ensambla. Y para eso ha configurado a su alrededor su cadena de suministro: las textileras que confeccionan los colchones de los automóviles o las químicas que fabrican las pinturas, detallan tanto los investigadores de la UNAM consultados para este reportaje, como las activistas locales. 

VW y BASF, sin embargo, se niegan a desvelar sus vínculos comerciales, alegando que “por política de la empresa no se comparten detalles específicos” sobre la relación con sus socios, en el caso de la primera, y que se trata de “información confidencial”, en el caso de la segunda. Pero incluso desde Bayer confirman que en ese corredor industrial, en Puebla, VW ha asentado parte de su cadena de suministro.

Así lo señala también la población local. “Se instalan acá, por la bondad de los recursos naturales, sobre todo el agua. Estamos en una de las cuencas más ricas en agua”, recalca Méndez. Una de las problemáticas principales que ha surgido al calor de esta industrialización de la zona son las enfermedades.

Aunque muchas empresas se conectan al drenaje municipal, la activista incide en que no pueden hacerlo. “Tienen que hacerse cargo de sus desechos”, dice Méndez. Lamenta la “impunidad legalizada” de estas empresas, algo que a su juicio es producto de la relajación de normas ambientales durante lo que denomina el periodo de auge neoliberal, la década de 1990. “Hubo mucho cambio en las normativas que permitieron que las industrias se instalaran con una legalidad”. 

En la comunidad de San Mateo Ayecac, Tlaxcala, Alejandra Ramírez Varela lucha también por el saneamiento del río Atoyac. 

“Desde niña me crié en el campo. Siempre teníamos que pasar por el río para ir a la casa. Cuando era niña, ya no conocí el río limpio, ya estaba turbio y con manchas de aceite. Al pasar, los pies me ardían y se me agrietaban y sangraban”, cuenta Ramírez frente a una corriente negra y espesa que se integra al río en la zona industrial de San Martín Texmelucan.

La transformación del río no fue repentina. Alejandra recuerda cómo las autoridades permitieron que empresas como Pemex y otras petroquímicas descargaran sus residuos en el agua. “Yo me acuerdo de cuando pusieron esa descarga. Clavaron unos tubos enormes y los conectaron con el río. De ahí venía la contaminación, pero más allá, en San Martín, ya venían descargando otras empresas y las descargas municipales también contribuían”, explica. 

La contaminación no solo afectó a los humanos, sino también a la flora y fauna local. Según recuerda Ramírez, hace varios años, durante la  Semana Santa recolectaban flores a la orilla del río para hacer alfombras, una tradición que se perdió debido a los tóxicos en el agua. “Antes había flores, pero ahora solo hay pasto y los árboles se secan antes de llegar a la adultez”, dice, señalando los troncos marchitos que bordean el río.

Alejandra se unió a la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV), una agrupación de vecinos que surgió en la iglesia para frenar la degradación del río, y empezó a participar en muestreos que revelaron altos niveles de toxicidad en las aguas. “Muchos creían que las enfermedades eran un castigo de Dios, pero los estudios demostraron que eran por los químicos en el agua”, dice.

En 2006, el centro Fray Julián Garcés puso una denuncia ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. La doctora Regina Montero documentó que había un impacto genotóxico, “un daño en las células por el ambiente contaminado que estaba haciendo vulnerable a la población a contraer un cáncer, una leucemia, una malformación congénita”. 

El Tribunal exhortó a las autoridades de los estados de Tlaxcala y Puebla a que trataran el caso de la contaminación del río Atoyac con la importancia de un grave desastre ambiental y social, así como que ahondasen en el nexo causal que permita determinar las responsabilidades correspondientes.

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En uno de los vórtices que comunican los corredores industriales de Puebla y Tlaxcala, a pocos metros de las chimeneas de las textileras, un par de patos navegan encima de un lago de desechos industriales. Su plumaje blanco está teñido de negro, y deja un rastro sombrío sobre el cuerpo de agua mientras se mantiene a flote en ese caldo tóxico.

Una vecina regresa apurada a su domicilio al borde del vertedero. Esquivando cualquier pregunta sobre la contaminación del área, se detiene un instante para mencionar que el veterinario está en su casa debido a la enfermedad de sus animales. Tiene prisa, apenas saca la cabeza por la puerta. Enseguida se escucha la agonía de un cerdo moribundo.

Este artículo fue desarrollado con el apoyo de Journalismfund Europe.