Por Francisco Jarrín, Carolina Luna y Jack Solle* 

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La Villa 31 es la más antigua y emblemática de las villas-miseria en Buenos Aires. Allí conviven más de 50 mil personas en condiciones precarias entre algunos de los barrios más opulentos de la ciudad y el puerto marítimo. Esta ubicación estratégica es el objeto de una expansión agresiva del mercado inmobiliario desde hace varios años. ¿Qué va a pasar con todas estas personas cuando su economía local se vea empobrecida y los terrenos adquieran mayor valor?

En Argentina, la crisis sanitaria derivada de la pandemia, se sumó a dos años de recesión, dejando al 42% de la población en el umbral de la pobreza. Mientras el presidente Alberto Fernández (centro izquierda) y el jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta (centro derecha) se disputan la crisis, la brecha económica se sigue expandiendo. Con una inflación del 36.1% y una contracción del PBI de 9.9% en 2020, quienes siempre se ven afectados son los trabajadores precarizados, que viven generalmente en las villas miseria.

🏗️🏗️🏗️Villa 31, la más codiciada🏗️🏗️🏗️

En diciembre de 2015, Horacio Rodríguez Larreta, relanzó la urbanización de esta villa con un endeudamiento de 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). En 2018 se realizó un censo poblacional utilizado para asignar nuevas viviendas. Dentro de este plan de urbanización en plena pandemia, mil 300 familias del sector “Bajo autopista” –construido en los años 90 y que atraviesa la Villa 31– fueron reubicadas.

La Secretaría de Integración Social y Urbana, organismo creado para llevar adelante la relocalización de los habitantes, implementó un sistema de desalojos basado en la deuda, otorgándoles a cambio viviendas que, aunque estén recién construidas, presentan fallos edilicios, tales como: paredes permeables a los ruidos, imposibilidad de ampliar o modificar la construcción con frecuentes cortes de luz, roturas en cañerías con consecuentes problemas de humedad en paredes y techos. Con promesas de integración social y urbana, un proceso de gentrificación disfrazado de urbanización se puso en marcha.

🏗️🏗️🏗️Ramona, una lucha por una vivienda digna🏗️🏗️🏗️ 

El 20 de abril del 2020 se detectó el primer caso de covid-19 en la Villa 31, que desató una ola imparable de 50 muertes, entre ellas la de la vecina del barrio y vocera de la revista La Garganta Poderosa, Ramona Medina, de 43 años. A la situación de hacinamiento y precariedad del barrio se sumaba una variable letal, la falta de acceso a un servicio básico e indispensable para la vida en general y para la prevención del virus: el agua.

El suministro se cortó a los pocos días de comenzar los contagios en Buenos Aires, por irresponsabilidad del Estado. Luego de 12 días, Ramona, quien vivía con 7 personas más –entre ellas su hija, una joven con discapacidad– fue protagonista de un video viral, en el cual denunciaba la falta de agua y pedía al Estado su intervención inmediata, advirtiendo los posibles futuros contagios. A los pocos días fue internada por coronavirus y el 9 de mayo murió.

Un mes más tarde, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con un Decreto Nacional que prohibía los desalojos forzosos, muchas familias se vieron obligadas a reubicarse sin cumplimiento de protocolo alguno, poniendo en riesgo su salud, mientras demolían sus antiguas casas con topadoras y excavadoras.

🏗️🏗️🏗️Contratos, engaños y deudas🏗️🏗️🏗️

La mayoría de las personas han sido relocalizadas a través de procesos forzosos y engañosos en las nuevas viviendas construidas por el gobierno, teniendo que adquirir un compromiso de pago de una deuda mensual al dejar su casa. Es decir, que las personas contrajeron un crédito que no estaba previsto en su economía y, además, con la adquisición de las nuevas viviendas se asume el pago de servicios dolarizados, incluidos expensas y gastos de administración.

Por otro lado, la escritura que se les hace firmar a los vecinos, quienes en su gran mayoría no cuentan con asesoramiento legal para la total comprensión del documento, no especifica cuánto es que van a pagar exactamente. Y además, en dicha escritura aparece una cláusula que dice que el incumplimiento de pago de la cuota del crédito o de los servicios, luego de dos meses, es motivo  suficiente para rematarla. Esto implica que desde el momento que los vecinos firman la escritura la propiedad de la nueva vivienda está en riesgo de una situación de desalojo legal.

🏗️🏗️🏗️Urbanización: ¿Integración social?🏗️🏗️🏗️

Las relocalizaciones no son simples mudanzas, afectan a los vecinos y vecinas porque no contemplan el desarraigo que sienten las personas cuando son intimadas a dejar sus hogares, ni la organización de las microeconomías, ni las reconfiguraciones familiares que se conforman a lo largo de los años.

Desde la década de los 90, con las olas migratorias en América Latina, la Villa 31 se extendió en territorio, sus casas crecieron hacia arriba y la población se multiplicó. Y con este crecimiento se desarrolló una estructura propia que sostiene una economía local y una idiosincrasia propia.

Algunas familias, la mayoría de ellas llevadas adelante por mujeres, a lo largo de los años edificaron pisos o habitaciones en las que viven sus hijes que conforman sus propias familias. Al haber sido reubicadas, el espacio les fue reducido al asignarles viviendas con menor cantidad de habitaciones y metros cuadrados. Algunas construyeron habitaciones para alquilarlas y así tener una entrada de dinero. En las nuevas viviendas no tienen capacidad de subarrendar. Otras, construyeron locales que prestan servicios o comercian alimentos y víveres. No todos ellos fueron retribuidos con el espacio para poder seguir manteniendo sus negocios.

“Las políticas habitacionales se transformaron en un mecanismo de extracción de ingresos, de ganancia financiera y de acumulación de riqueza. Tenemos que tener en cuenta que la creación de un mercado de hipotecas fue uno de los canales importantes para conectar los sistemas domésticos de financiamiento habitacional a los mercados globales”. El papel del Estado es clave en esto, agrega, porque se ocupa de “destrabar activos territoriales, ampliando las fronteras del mercado”, así convierte asentamientos, ocupaciones y terrenos fiscales en nuevas oportunidades de negocio, a través de mecanismos bien concretos de créditos y desalojo.” dice Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista brasileña, especialista en vivienda popular y desarrollo local.

🏗️🏗️🏗️¿Cómo es vivir y resistir en Bajo autopista?🏗️🏗️🏗️

Aún quedan más de 100 familias viviendo en el sector, entre palas mecánicas, hierros retorcidos y chapas, sin una solución habitacional concreta por parte de las autoridades. Entre los escombros se acumula basura y las casas derrumbadas sin luminarias que funcionan en el sector, son escaparates que posibilitan robos y ataques sexuales. La zona quedó abandonada.

Camila ya fue reubicada en una de las nuevas viviendas frente al Ministerio de Educación; sin embargo, va a todas las reuniones y reclamos en nombre de su madre, quien continúa viviendo en el sector junto a su pareja y su otro hijo. Debido a que la zona se volvió insegura, además de insalubre, la familia tuvo que cerrar su calle en ambos extremos con dos portones improvisados para evitar ser víctimas de robos.

Olenka es propietaria de una casa de dos plantas donde vive con su familia y  un inquilino. Ella tuvo que irse a Perú, su país natal para buscar a dos de sus hijos, cuando en 2016 la Secretaría de integración social y urbana realizó el censo, por lo que no le reconoce el “desglose familiar” para su hija que en ese momento aún vivía con ella, pero que hoy ya es mayor y conformó su propia familia. Todos permanecen esperando una solución, mientras temen por su seguridad al permanecer entre las demás casas demolidas.

María Elena, es una de las vecinas que continúa viviendo en Bajo autopista y tampoco se siente segura, por lo que duerme con candados en las puertas. Sin embargo, se niega a dejar su casa que construyó desde cero y que se encuentra hoy entre las viviendas demolidas.  María Elena afirma con angustia y determinación:“Yo me quiero quedar acá en mi casa, y esta es mi casa y yo sé por donde va la cloaca, por donde va la luz…allá no sé, allá las viviendas están reventando. Y no me voy a ir y me voy a quedar acá. No me van a llevar a un lugar a donde yo no quiero.” 

Todas estas historias se acumulan, en lo que parece ser un ejemplo más de una política de gentrificación llevada a cabo por un gobierno que facilita el avance del negocio inmobiliario, que acumula riquezas para un monopolio que beneficia a unos pocos y perjudica a unos muchos. Es para combatir eso, que Mirta y Silvana, madre e hija militan dentro de la Mesa de Urbanización rotativa y participativa, una organización que acompaña y asesora a los y las vecinas de la villa 31 involucrados en el proceso de relocalización. “Todo va a depender de la lucha que vamos a dar nosotros, los vecinos” afirma Silvana con convicción.

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(*) Las fotos y los testimonios aquí documentados forman parte del proyecto Bajo Autopista.