[perfectpullquote align=»full» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]La costa de Manabí y Esmeraldas, en Ecuador, se transformó en un monstruo que vomita la corrupción endémica del país. En aquella tierra paradisiaca, los pescadores se convirtieron en indigentes y el horizonte se desfiguró entre carpas de refugiados. Un año después del terremoto las retroexcavadoras tienen mucho por desenterrar. Entre la tragedia, las promesas de políticos se disuelven como un pedazo de lodo entre las manos. Desirée Yépez ocupa una poderosa metáfora que describe Latinoamérica: una hamaca encima de un charco lodoso.[/perfectpullquote]
El refugio de Ramón Mera se levanta desde un piso de tierra. Se sostiene de palos de caña y está cubierto por una hoja de zinc. Las paredes son bolsas plásticas. En la puerta, hecha de pedazos de madera, está pegada una propaganda del virtual presidente del Ecuador, Lenín Moreno. En la imagen aparece él, con su frente junto a la de un niño y la leyenda “Obras con amor”. Debajo del afiche, en la misma puerta, un adhesivo dice: “Lasso Presidente, vamos por el cambio”.
El habitante de La Chorrera –una localidad situada a 2 kilómetros de Pedernales, la ciudad manabita más cercana al epicentro– luce una gorra amarilla del Partido Social Cristiano, símbolo de la derecha de los ochentas. Durante la charla dice que votó “por el de la 10”, y se refiere a Dalo Bucaram, el hijo del expresidente derrocado Abdalá Bucaram, porque ofreció darles “una casa pronto”.
Ramón lo perdió todo hace un año, la noche del terremoto de 7,8 grados Richter. Desde entonces, vive prácticamente en la indigencia. Pero no es indigente.
De acuerdo con las cifras oficiales, tras el movimiento telúrico más destructivo de la historia de Ecuador, 69 000 edificaciones resultaron afectadas. De esas, 20 273 eran habitables, 27 047 recuperables y 22 015 debían ser reconstruidas. En la provincia de Manabí, 9 663 fueron demolidas, mientras que en Esmeraldas –la segunda provincia más afectada– se demolieron 658.
“Perdí mi casa. Armamos una pequeña ramada porque no quedaba más”, dice Ramón, apoyado en la hamaca que cuelga afuera de su ‘vivienda’. Desde ahí también es testigo del paso de políticos que llegan a hacer promesas. “Han venido algunas personas por ahí… Llegaron a ofrecer casas con solares de 8 por 16, con dos habitaciones, sala y cocina. El Presidente [Rafael Correa] vino una vez, pasó, por ahí mismo se fue. Lasso también pasó por ahí en carro, pero no conversaron con nadie, vinieron a pasear como cualquier turista…”.
Como casi todos los varones de la zona, Ramón se dedica a la pesca para mantener a su familia. Tras el terremoto, a los habitantes de La Chorrera, las autoridades les prometieron vivienda para seis meses después. 12 meses pasaron y decenas de personas todavía viven en campamentos improvisados. “No hemos sido parte de ningún trámite”, afirma.
Sin embargo, al llegar al poblado, desde la carretera, se observa un grupo de casas nuevas y la presencia de maquinaria de construcción. Según Gabriel Alcívar, alcalde de Pedernales, se trata del Plan Vivienda para La Chorrera, en donde hasta finales de abril 70 casas estarían supuestamente listas. En las estructuras de caña guadua y cemento se albergarán dos familias, cada una en un espacio de 53,02 metros cuadrados.
La Secretaría de la Reconstrucción dijo que a abril de 2017 se destinaron 2 410 millones de dólares para atender la emergencia. De ese monto, 508 millones fueron para vivienda. Los datos del Comité liderado por el vicepresidente Jorge Glas señalan que 22 154 edificaciones ya se levantaron, y que se hicieron 18 945 reparaciones. “Son muchísimas las personas que esperan una casa”, dijo convencida Letty Sabando, una moradora de Pedernales. Es que ella es una de esas.
Luego de que la tierra se tragara gran parte de las estructuras de Pedernales –una ciudad costera de algo más de 50.000 habitantes–, los sobrevivientes debían esperar al personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) para que registrara la situación de su inmueble e iniciara el proceso que debía concluir con la entrega de una vivienda. “Hice eso. Pero no consto en el proceso –reclama ella–. Se encontraron muchas carpetas botadas. No teníamos un pinche centavo y había que sacar papeles, copias… Pedimos prestado e hicimos, pero no consto en ningún registro. Ya perdí la esperanza. Tapé con caña, algo se hizo para vivir tranquila”, añade la mujer.
Las historias de Ramón Mera y Letty Sabando no son aisladas. No son casos particulares. Al recorrer la zona, la mayoría de testimonios da cuenta de un proceso desordenado, lento y burocrático. Un año después del desastre, las nubes de polvo todavía cubren las retroexcavadoras, esas manos de metal que no dejan de desentrañar fierros y escombros.
El personal del Miduvi llegó un día a lo que fuera la casa de Letty:
–Señora, hay que demoler. Mañana le envío la maquinaria.
–¿Y yo? ¿Dónde me va a dejar?
–La ubicamos en un albergue.
–Si me manda a un albergue, lo poco que me dejó el terremoto ¿dónde lo voy a guardar?
–Lo ponemos en una carpa.
Letty continúa esperando la carpa.
Tras la noche del 16 de abril, cuando 673 personas fueron sepultadas por la arremetida de la tierra, 6 000 víctimas recibieron refugio en 24 albergues que se adecuaron en distintas localidades del país. De esos, 15 funcionan todavía y acogen a 3 597 personas. Se mantienen 5 en Muisne (Esmeraldas); 1 en El Carmen, 3 en Jama, 3 en Pedernales, 2 en San Vicente y 1 en Sucre (Manabí).
Todos los refugios están a cargo de los militares y no se admite el ingreso de personas ajenas. Para hacerlo, se precisa tramitar un permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o en una oficina del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en Manta; a casi tres horas del epicentro de la crisis. Desde el exterior, se observa una explanada en donde están instaladas decenas de carpas celestes con signos chinos. 5 mil toldos y 10 mil camas plegables llegaron desde China, una vez declarada la tragedia, en 2016. El material, según los medios oficiales, se distribuyó fundamentalmente en Manabí.
Se supone que los albergados saldrán en forma programada hacia las viviendas que el Gobierno construye específicamente para ellos. El Alcalde asegura que para finales de abril se entregarán 380 casas. Dice que el Miduvi habría invertido más de 32 millones de dólares en vivienda. Las cifras de una institución y otra no coinciden. Unos hablan de cientos y otros de miles.
Los políticos se aprovecharon de este momento. Entregaban una o dos casas, mientras hay gente que sigue a la intemperie, ‘majando’ lodo, sin techo. Ese es el reclamo de Gualberto Garofalo, uno de los moradores de Pedernales que apostó por levantar nuevamente su negocio y reactivarse económicamente. Pero no ha sido fácil. Él es propietario de un restaurante en el que invirtió 60 mil dólares y del cual solo le quedó la estructura base.
Con sus manos empezó las obras de reparación y los créditos que le ofrecieron no llegaron; excepto por la banca privada que le apoyó ágilmente y en condiciones favorables. “Si el Gobierno hubiese ayudado, muchos hoteles –a los cuales se ofreció ayuda– se habrían levantado, pero siguen en escombros y ya no son sujetos de crédito. Personas que tenían deudas –estas no fueron condonadas– siguen endeudadas y en ruinas”.
Su testimonio reafirma lo que se constata a simple vista. Un año después del terremoto “hay gente tirada en las calles, a la intemperie, en el polvo y los niños insalubres”. Estar vivos –12 meses después– es una victoria.
En el malecón de Pedernales muchos damnificados levantaron sus negocios sin apoyo gubernamental. De haber esperado el auxilio estatal, seguirían con la vista perdida en el horizonte del mar.
“Las siete maravillas del mundo que ha ofrecido el Gobierno por la televisión son pura mentira –confirma Humberto Colobón, mientras arregla uno de los ‘carritos’ de venta de comida para los turistas–, a los damnificados no nos han regalado una hoja de zinc. Estamos trabajando por nuestro esfuerzo, no porque el Gobierno nos haya ayudado”. A él también le prometieron bono de vivienda, préstamos, víveres… “Fui a las oficinas y me dijeron ´no aplica´. Si era arrendatario, debía llevar copia de cédula del dueño de la casa e hijos, contrato de arrendamiento, sin eso no podía. ¡Me pedían garantes!”. Ríe de indignación.
Pero al revisar las cifras de la Secretaría de la Reconstrucción la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la indignación, la molestia y la resignación, si hay 207.293.971,81 millones de dólares asignados en la reactivación económica? En el Informe Trimestral de Gestión (diciembre 2016-febrero de 2017), elaborado por el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, $ 121.753.219 se destinaron a financiamiento productivo; $ 15.924.301.11 a comercio; $ 63.853.789.62 a facilidades pesqueras; $ 112.662 a turismo; y 5.650.000 a agricultura, ganadería, acuacultura y pesca.
Kevin Barreto es periodista, además de damnificado por el terremoto. Él es de Bahía de Caráquez –uno de los centros económicos de Manabí– y sigue de cerca el proceso de reconstrucción. Para él, el movimiento telúrico fue devastador a todos los niveles. “Las obras no se visualizan. Sin embargo, se insiste en que se ha gastado una gran cantidad de recursos en ello. Lo que queda es comprobar que esa reconstrucción es efectiva”.
Según Kevin, la tragedia de la noche de aquel 16 de abril evidenció la dificultad para responder –de manera efectiva– ante un evento de tal magnitud. “Todavía hay miles de familias en las calles. No tenían un terreno, pero vivían en una casa. La asistencia a esas familias nunca llegó, no ha llegado y lo que preocupa es que no va a llegar. Son familias que van a continuar en las calles porque el Estado no les ha brindado esa solución”.
En Bahía de Caráquez hay modernos edificios abandonados. En algunos apenas empieza el proceso de demolición. Hacia las lomas de la ciudad, varios damnificados viven en carpas o en construcciones improvisadas, en plena calle, a un lado de la acera. “La gente perdió sus trabajos, sus negocios. La reactivación económica no ha sido fácil. No tenemos muchas esperanzas de que la situación mejore”, confiesa el manabita.
Paradójicamente, a pesar del desencanto en buena parte de la población de Manabí ante la atención del Gobierno, en las recientes elecciones el 66,81% de la provincia apoyó con su voto al candidato del oficialismo, Lenín Moreno. El movimiento político de gobierno, Alianza PAIS, prometió casa gratis y un bono de 150 dólares. “Las necesidades son ingentes. Es fácil caer preso de una promesa”, sostiene Barreto.
“No sabemos qué hacer, gracias a Dios las noticias buenas que tenemos es que llega un nuevo Presidente. Va a haber préstamos, ayuda para el pobre. Ojalá que sea verdad, para poder vivir con la familia y comprar nuestras cositas”, espera Reinaldo Rosado. El hombre de 77 años perdió su casa en Canoa -un poblado costero ubicado a una hora de Pedernales–, bajo las ruinas murieron su hija y su nieto. Él es uno de quienes accedieron a la vivienda del Miduvi, y ahora tiene una deuda con el Estado de 1 200 dólares. “Todavía no nos dicen cuándo hay que comenzar a pagar. No hay trabajo”.
